Recortando a los derechos humanos
La Defensoría del Pueblo ha recibido con estupor el anuncio de un radical recorte a su presupuesto anual, estimado en medio millón de balboas. La cifra es alarmante, no sólo por los graves impedimentos que impondrá sobre la institución, sino por la lamentable repercusión que tendrá sobre todas aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En sentido análogo a la Caja de Seguro Social, la Defensoría del Pueblo es principalmente una institución de orientación social. Con los recortes de presupuestos anunciados a ambas instituciones, se vulnera gravemente la prestación de servicios sociales básicos a los sectores más humildes y débiles de la sociedad panameña, principalmente.
La reducción del presupuesto a la Defensoría tiene la agravante de ser un recorte al presupuesto que ha recibido desde su creación en 1997, 2.8 millones de balboas; este presupuesto, al contrario con lo sucede cada año en otras instituciones, nunca ha recibido una mejoría, sino que se ha mantenido igual.
Algunos han visto en los recortes de presupuestos de la Defensoría y la Caja de Seguro un "pase de factura" de ciertos sectores políticos y económicos del país. Como es bien sabido, la Caja de Seguro Social ha estado siempre amenazada por su privatización, propugnada por diversos empresarios locales.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, debido a la naturaleza de sus funciones - fiscalizar la administración pública -incomoda frecuentemente a facciones políticas involucradas en casos de corrupción, los cuales asedian a numerosas instituciones gubernamentales.
Resulta lamentable y peligroso que en el terrible clima de crisis económica y corrupción política que vivimos, se vulnere tan fatalmente a instituciones cuya razón de ser es proteger a los ciudadanos contra las inclemencias del desamparo social, la adversidad económica, y la mala administración del gobierno. Ambas instituciones procuran - cada una de acuerdo a su naturaleza- cumplir con lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
La Defensoría del Pueblo, en cuanto institución garante de los derechos humanos, mira con gran preocupación cómo la reducción de su presupuesto podría afectar a los servicios que presta, que cada vez más se han ido orientando a alcanzar y proteger a los sectores más desprotegidos de nuestra nación. El recorte a su presupuesto es, propiamente hablando, un recorte a los mismos Derechos Humanos, situación que nuestra sociedad civil y política no debe permitir bajo ninguna excusa. De no ser así, no se harán esperar aquellas voces y aquellas fuerzas que, desde el ámbito internacional, defienden los Derechos Humanos. Éstas indudablemente vituperarán a nuestro gobierno por su indolencia ante las necesidades más básicas de su pueblo.
En sentido análogo a la Caja de Seguro Social, la Defensoría del Pueblo es principalmente una institución de orientación social. Con los recortes de presupuestos anunciados a ambas instituciones, se vulnera gravemente la prestación de servicios sociales básicos a los sectores más humildes y débiles de la sociedad panameña, principalmente.
La reducción del presupuesto a la Defensoría tiene la agravante de ser un recorte al presupuesto que ha recibido desde su creación en 1997, 2.8 millones de balboas; este presupuesto, al contrario con lo sucede cada año en otras instituciones, nunca ha recibido una mejoría, sino que se ha mantenido igual.
Algunos han visto en los recortes de presupuestos de la Defensoría y la Caja de Seguro un "pase de factura" de ciertos sectores políticos y económicos del país. Como es bien sabido, la Caja de Seguro Social ha estado siempre amenazada por su privatización, propugnada por diversos empresarios locales.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, debido a la naturaleza de sus funciones - fiscalizar la administración pública -incomoda frecuentemente a facciones políticas involucradas en casos de corrupción, los cuales asedian a numerosas instituciones gubernamentales.
Resulta lamentable y peligroso que en el terrible clima de crisis económica y corrupción política que vivimos, se vulnere tan fatalmente a instituciones cuya razón de ser es proteger a los ciudadanos contra las inclemencias del desamparo social, la adversidad económica, y la mala administración del gobierno. Ambas instituciones procuran - cada una de acuerdo a su naturaleza- cumplir con lo estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
La Defensoría del Pueblo, en cuanto institución garante de los derechos humanos, mira con gran preocupación cómo la reducción de su presupuesto podría afectar a los servicios que presta, que cada vez más se han ido orientando a alcanzar y proteger a los sectores más desprotegidos de nuestra nación. El recorte a su presupuesto es, propiamente hablando, un recorte a los mismos Derechos Humanos, situación que nuestra sociedad civil y política no debe permitir bajo ninguna excusa. De no ser así, no se harán esperar aquellas voces y aquellas fuerzas que, desde el ámbito internacional, defienden los Derechos Humanos. Éstas indudablemente vituperarán a nuestro gobierno por su indolencia ante las necesidades más básicas de su pueblo.
