Reformas electorales
Cuando hablamos de reformas electorales me pregunto, ¿quiénes las harán? ¿Será acaso la actual clase política que se encuentra enquistada en el poder, y que, como es obvio, hará todo lo posible para defender sus privilegios y permanencia? Si es así, muy poco podemos esperar los panameños de este montaje con el cual pretende adormecer la clase política nuestra conciencia ciudadana. Cualquiera reforma tiene que ser realizada por la nueva clase política que los panameños elijamos en el 2004, la actual está descalificada. Es más, somos del pensar que más que reformas a la Ley Electoral lo que requerimos es una nueva ley, la derogación de la existente, saturada de remiendos, que data desde tiempos de la dictadura militar.
Y este descrédito de la clase política lo encabeza el propio Tribunal Electoral, designado por el ex Presidente Endara, que escogió a un representante de cada uno los tres más grandes partidos: PRD, MOLIRENA y Arnulfista. Apenas unos días antes de su designación, los postulados "renunciaron", para guardar las apariencias y exigencias de la ley, a su condición de miembros activos de los colectivos a los que pertenecían, aunque en el escenario real respiran, transpiran y mantienen los lazos partidistas con los partidos que los llevaron a dicha posición.
Ahora resulta que, después de habernos vendido los magistrados del Tribunal Electoral la excelencia de un costoso sistema de recedulación, los panameños nos enteramos que se trató de una campaña publicitaria para favorecer la contratación directa con la empresa Unisys:
"La nueva cédula - manifestó el Magistrado Pinilla en aquél entonces- tiene tecnología norteamericana con alrededor de 32 llaves de seguridad, lo que hace difícil alterar, pues el que quiera hacerlo tendría que hacer una inversión millonaria. La cédula está hecha de poliéster con PVC diseñada para durar 10 años, tiene una imagen ultravioleta, imagen fantasma y microtexto". Lo que no precisó, en aquél entonces el Magistrado Pinilla, es quiénes serían los depositantes de esas llaves. Todo parece indicar, por los actuales resultados, que no fueron las personas más indicadas.
222 Quieren dorarnos la píldora de las reformas electorales con las "donaciones" de terceros a los partidos políticos, que no son otra cosa que vulgares sobornos.
Esto es muy grave, pues la credibilidad del documento sobre el que todo ciudadano acredita su condición de panameño, está en cero. De existir la vergüenza pública en Panamá, lo acontecido hubiese sido motivo suficiente para la renuncia de los tres magistrados que definitivamente han demostrado al país no ser aptos para llevar a cabo un proceso electoral límpido.
¿Y qué decir de los que van a discutir las virtudes y desventajas de las reformas? Me estoy refiriendo a los "honorables" legisladores. De estos señores muy poco queda por decir. Han demostrado ser merecedores de estar en todos lados menos en el sitial que ocupan. Para evitar ser investigados de los graves cargos que se dieron en su contra, por presunto "soborno" en el caso del nombramiento de los dos últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso del CEMIS, corrieron a protegerse bajo las enaguas de la inmunidad parlamentaria. Son tránsfugas de la justicia que tarde o temprano los alcanzará su mano.
La que debe ser reformada es la clase política existente que sólo ha dado muestra de la incapacidad de manejarse de acuerdo con los intereses nacionales. Quieren dorarnos la píldora de las reformas electorales con las "donaciones" de terceros a los partidos políticos, que no son otra cosa que vulgares sobornos. Muy pronto, si acaso ya no han iniciado, saldrá toda la clase política a hacer visitas al comercio, industria, etc., solicitando dádivas y prometiendo, por supuesto, toda clase de favores. El proyecto de reformas electorales que circula por allí, propone reducir el monto de esas donaciones y, además, que se hagan públicas, como si en el delito de soborno lo determinante es la cuantía y el grado de privacidad. Cuando el CEMIS, salió a relucir que el consorcio Rodin, en las elecciones pasadas, hizo donaciones substanciosas a cada uno de los tres candidatos a la presidencia de la República. Y, ¿qué paso? Nada. Ni el mayor sonrojo ocasionó a sus actores. Son gente carente de toda moral.
Deben eliminarse totalmente no sólo las donaciones privadas, sino también la subvención del Estado a los partidos políticos. La política se ha convertido en un "negocio" particular y mal puede el Estado, con los dineros del pueblo, estar subvencionando la depredación.
Y este descrédito de la clase política lo encabeza el propio Tribunal Electoral, designado por el ex Presidente Endara, que escogió a un representante de cada uno los tres más grandes partidos: PRD, MOLIRENA y Arnulfista. Apenas unos días antes de su designación, los postulados "renunciaron", para guardar las apariencias y exigencias de la ley, a su condición de miembros activos de los colectivos a los que pertenecían, aunque en el escenario real respiran, transpiran y mantienen los lazos partidistas con los partidos que los llevaron a dicha posición.
Ahora resulta que, después de habernos vendido los magistrados del Tribunal Electoral la excelencia de un costoso sistema de recedulación, los panameños nos enteramos que se trató de una campaña publicitaria para favorecer la contratación directa con la empresa Unisys:
"La nueva cédula - manifestó el Magistrado Pinilla en aquél entonces- tiene tecnología norteamericana con alrededor de 32 llaves de seguridad, lo que hace difícil alterar, pues el que quiera hacerlo tendría que hacer una inversión millonaria. La cédula está hecha de poliéster con PVC diseñada para durar 10 años, tiene una imagen ultravioleta, imagen fantasma y microtexto". Lo que no precisó, en aquél entonces el Magistrado Pinilla, es quiénes serían los depositantes de esas llaves. Todo parece indicar, por los actuales resultados, que no fueron las personas más indicadas.
222 Quieren dorarnos la píldora de las reformas electorales con las "donaciones" de terceros a los partidos políticos, que no son otra cosa que vulgares sobornos.
Esto es muy grave, pues la credibilidad del documento sobre el que todo ciudadano acredita su condición de panameño, está en cero. De existir la vergüenza pública en Panamá, lo acontecido hubiese sido motivo suficiente para la renuncia de los tres magistrados que definitivamente han demostrado al país no ser aptos para llevar a cabo un proceso electoral límpido.
¿Y qué decir de los que van a discutir las virtudes y desventajas de las reformas? Me estoy refiriendo a los "honorables" legisladores. De estos señores muy poco queda por decir. Han demostrado ser merecedores de estar en todos lados menos en el sitial que ocupan. Para evitar ser investigados de los graves cargos que se dieron en su contra, por presunto "soborno" en el caso del nombramiento de los dos últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso del CEMIS, corrieron a protegerse bajo las enaguas de la inmunidad parlamentaria. Son tránsfugas de la justicia que tarde o temprano los alcanzará su mano.
La que debe ser reformada es la clase política existente que sólo ha dado muestra de la incapacidad de manejarse de acuerdo con los intereses nacionales. Quieren dorarnos la píldora de las reformas electorales con las "donaciones" de terceros a los partidos políticos, que no son otra cosa que vulgares sobornos. Muy pronto, si acaso ya no han iniciado, saldrá toda la clase política a hacer visitas al comercio, industria, etc., solicitando dádivas y prometiendo, por supuesto, toda clase de favores. El proyecto de reformas electorales que circula por allí, propone reducir el monto de esas donaciones y, además, que se hagan públicas, como si en el delito de soborno lo determinante es la cuantía y el grado de privacidad. Cuando el CEMIS, salió a relucir que el consorcio Rodin, en las elecciones pasadas, hizo donaciones substanciosas a cada uno de los tres candidatos a la presidencia de la República. Y, ¿qué paso? Nada. Ni el mayor sonrojo ocasionó a sus actores. Son gente carente de toda moral.
Deben eliminarse totalmente no sólo las donaciones privadas, sino también la subvención del Estado a los partidos políticos. La política se ha convertido en un "negocio" particular y mal puede el Estado, con los dineros del pueblo, estar subvencionando la depredación.
