Renuncia de la Procuradora
...todos los mencionados en esos correos tienen que ser llamados a declarar al igual que apelar a otros medios para determinar la veracidad de los contenidos.
- Ramiro Guerra Morales
- /
- - Actualizado: 15/11/2019 - 03:37 pm
Una muerte anunciada; era inevitable que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, continuara en el cargo; la percepción ciudadaba es una fuerza arrolladora y cierto que su gestión estuvo marcada por un manto de desconfianza relativo a cómo se conducían las investigaciones sumariales.
El o los cuestionamientos fueran de menos a más; en no pocas veces la ciudadanía percibió selectividad y persecución, no del delito, sino de las personas.
El golpe de gracia, los correos entre el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, la procuradora y civiles.
Me pareció un poco me importa con los contenidos de tales correos "no los he leído", aduciendo la naturaleza ilegal de los mismos.
VEA TAMBIÉN: Jóvenes, protestas y constituyente
Palabras más o menos, "no voy a investigar nada" y exhorta al mandatario que incoe la denuncia.
Juristas de alta catadura penal como el Dr. Silvio Guerra, al igual que el expresidente del Colegio de Abogados, Dr. Dionisio Rodríguez, señalan que los contenidos en esos correos son elementos indiciarios de la posible comisión de delitos.
Los jurisconsultos no lo dicen, pero suscriben que esa doctrina del fruto del árbol envenenado tiene sus excepciones, como la exclusión por vía de fuentes independientes.
¿Hay o no en esos correos una posible notitia criminis?
Claro que sí.
Toca al Ministerio Público abrir o dictar auto cabeza de la investigación, a fin de hacer de los hechos mencionados lo que pudiera hacer tránsito a pruebas.
En consecuencia, todos los mencionados en esos correos tienen que ser llamados a declarar al igual que apelar a otros medios para determinar la veracidad de los contenidos.
Lo señalé en un pequeño artículo, que no puede ser que no se investigue cuando el agraviado es la sociedad y el Estado.
No hacerlo, se traduce en un alto costo moral para la Nación y su precaria institucionalidad.
Como jurista, siempre he sostenido el carácter axiológico de la norma jurídica.
¿Cómo no ponderar la naturaleza del agraviado?
En este caso, el bien público y ciudadano.
Jurista y cientista político.