Réplica
He leído con mucha preocupación y molestia la columna El Pulso de Panamá de El Panamá América en su edición del 20 de julio de 2004.
Cuando un tema tan importante como el registro naviero de un país, y en el caso de la República de Panamá vital para su economía, no es tratado a nivel periodístico de una manera profesional y con seriedad informativa, se pone en peligro no el futuro de una administración marítima sino el de la economía nacional. Es nefasto dar un contexto político a la materia marítima y eso se refleja en el primer párrafo de la mencionada columna. La actividad marítima panameña no tiene tolda partidista. Por lo tanto, no es correcto insinuar que "se estén reservando bombas de tiempo para la próxima gestión presidencial".
El tema de la implementación del Código de Protección Marítima (ISPS) por la Autoridad Marítima de Panamá ha sido abordado de forma irresponsable por algunos medios escritos de nuestro país que, haciendo eco de los detractores internacionales de la bandera panameña y por iniciativa propia, han publicado desde el año pasado noticias y artículos negativos sobre el tema. Da la impresión que los medios actúan como emisarios de los enemigos de la marina mercante nacional, sumándose a éstos. A la fecha no se han tomado en cuenta las innumerables veces que la AMP, a través de sus voceros autorizados, ha explicado los procedimientos adoptados en materia del mencionado código y muy por el contrario los medios han tergiversado la información suministrada en aras de desvirtuar cualquier declaración manifestada por nosotros.
No hay qué llorar, como lo manifiesta El Pulso de Panamá. Se ha cumplido con las normas dictadas por la Organización Marítima Internacional en materia de seguridad y se está contribuyendo en todos los niveles a combatir el terrorismo internacional y en nuestro caso, abordo de las naves que enarbolan el pabellón nacional y de los puertos dentro de la jurisdicción panameña.
La cifra de certificados expedidos por el Departamento de Protección Marítima de nuestra institución, la recaudación obtenida por ese rubro en la primera mitad del año en curso y el significante número de detención de naves son prueba fehaciente del trabajo realizado. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Les solicito se enumere la lista de grandes compañías navieras que "están hartas de abusos en costos y demoras burocráticas, por no hablar de las coimas, que hay muchas". Este último punto es sumamente delicado, ya que encierra una acusación grave en contra de esta Administración. Opino que antes de correr a Japón a no sé qué diligencia sugerida por el columnista, corramos a aclarar la aseveración de ese último párrafo que, a mi parecer, conlleva una responsabilidad penal para quien la manifiesta sin las debidas pruebas y sin existir causa o investigación criminal al respecto.
Atentamente,
Bertilda García Escalona
Administradora de la AMP.
Cuando un tema tan importante como el registro naviero de un país, y en el caso de la República de Panamá vital para su economía, no es tratado a nivel periodístico de una manera profesional y con seriedad informativa, se pone en peligro no el futuro de una administración marítima sino el de la economía nacional. Es nefasto dar un contexto político a la materia marítima y eso se refleja en el primer párrafo de la mencionada columna. La actividad marítima panameña no tiene tolda partidista. Por lo tanto, no es correcto insinuar que "se estén reservando bombas de tiempo para la próxima gestión presidencial".
El tema de la implementación del Código de Protección Marítima (ISPS) por la Autoridad Marítima de Panamá ha sido abordado de forma irresponsable por algunos medios escritos de nuestro país que, haciendo eco de los detractores internacionales de la bandera panameña y por iniciativa propia, han publicado desde el año pasado noticias y artículos negativos sobre el tema. Da la impresión que los medios actúan como emisarios de los enemigos de la marina mercante nacional, sumándose a éstos. A la fecha no se han tomado en cuenta las innumerables veces que la AMP, a través de sus voceros autorizados, ha explicado los procedimientos adoptados en materia del mencionado código y muy por el contrario los medios han tergiversado la información suministrada en aras de desvirtuar cualquier declaración manifestada por nosotros.
No hay qué llorar, como lo manifiesta El Pulso de Panamá. Se ha cumplido con las normas dictadas por la Organización Marítima Internacional en materia de seguridad y se está contribuyendo en todos los niveles a combatir el terrorismo internacional y en nuestro caso, abordo de las naves que enarbolan el pabellón nacional y de los puertos dentro de la jurisdicción panameña.
La cifra de certificados expedidos por el Departamento de Protección Marítima de nuestra institución, la recaudación obtenida por ese rubro en la primera mitad del año en curso y el significante número de detención de naves son prueba fehaciente del trabajo realizado. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Les solicito se enumere la lista de grandes compañías navieras que "están hartas de abusos en costos y demoras burocráticas, por no hablar de las coimas, que hay muchas". Este último punto es sumamente delicado, ya que encierra una acusación grave en contra de esta Administración. Opino que antes de correr a Japón a no sé qué diligencia sugerida por el columnista, corramos a aclarar la aseveración de ese último párrafo que, a mi parecer, conlleva una responsabilidad penal para quien la manifiesta sin las debidas pruebas y sin existir causa o investigación criminal al respecto.
Atentamente,
Bertilda García Escalona
Administradora de la AMP.
