Sancionar sin leer ni escuchar
Nuestra Constitución Política confiere al Organo Ejecutivo la facultad de objetar cualquier proyecto de ley que considere inconveniente. Si un proyecto aprobado por la Asamblea Nacional es confuso o se encuentra mal redactado, el Ejecutivo puede devolverlo para su revisión en un nuevo debate legislativo. Este amplio poder presidencial se convierte en deber cuando el proyecto es incongruente con los principios democráticos, afecta a las garantías ciudadanas o riñe con los valores preconizados por la sociedad panameña.
Es por ello que la sanción otorgada a dos proyectos de ley, ahora convertidos en las leyes 29 y 30 de 2 de junio de 2008, ambas promulgadas de manera apresurada en la Gaceta Oficial del día siguiente, ha causado sorpresa e insatisfacción general.
A sabiendas del Ejecutivo, esas dos nuevas leyes incorporan sendos "camarones" legislativos, perfeccionados a través de disposiciones agregadas en madrugonazos de última hora en el pleno de la Asamblea Nacional.
La Ley 29, que concierne a temas tributarios, incluye un artículo sobre ciertas actuaciones ilegales del Ministerio de Vivienda (MIVI). Con ese artículo se pretende amparar a todas las irregularidades cometidas por el MIVI en violación a la Ley 21 de 1997. Esta Ley, sobre el plan de desarrollo de las áreas revertidas, contiene prohibiciones expresas que el MIVI ignoró al emitir sus resoluciones en beneficio de promotores inmobiliarios y que la Ley 29 busca ahora legalizar retroactivamente.
La Ley 30 resultó de otro madrugonazo. En el segundo debate de un proyecto que trataba sobre el descuento a los jubilados en la tasa de aseo y en compras de "línea blanca", los diputados eliminaron la propuesta original y, a cambio, incluyeron una nunca antes discutida: el aumento al 20% del descuento en la compra de medicamentos, tanto en farmacias como en agencias distribuidoras. También incluyeron este descuento para los servicios funerarios a los jubilados, a pesar de que éstos son pagados por los familiares, no por los difuntos.
Ninguna discusión se dio en el tercer debate, que duró pocos minutos, siendo el proyecto aprobado con estas reformas adoptadas el día anterior. Nadie fue consultado.
Dado el censurable proceder de la Asamblea, se solicitó al Ejecutivo que vetara ambos proyectos. No sirvió de nada. El Ejecutivo sancionó las hoy leyes 29 y 30 sin que las numerosas quejas ciudadanas fueran al menos escuchadas.
Tanto se apresuró el Ejecutivo en promulgar estas leyes que ni siquiera se molestó en leer lo que estaba sancionando. Como buenos "camarones" de madrugonazo, las adiciones aprobadas quedaron pésimamente redactadas, tan mal que su ejecución ya ha causado un sinnúmero de problemas.
Lo peor sea quizá que si alguien de casualidad leyó algo en esos proyectos no fue otra cosa que impunidad administrativa, aumento de precios, mayor espiral inflacionaria, desabastecimiento de productos y la seguridad de que quienes construyen costosas edificaciones en las áreas revertidas también pueden pagar por muchísimas cosas más.
