Seguimos con la Caja de Ahorros
Luego de mucha anticipación, esta semana finalmente se presentaron denuncias formales en relación con lo que la nueva administración y sus asesores consideran irregularidades en préstamos otorgados por la Caja de Ahorros. Estas denuncias se suman a otras sobre actuaciones de funcionarios del gobierno anterior en el Banco Nacional de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá, entre otros. Insistimos que ahora le corresponde a las autoridades, particularmente al Ministerio Público y al Organo Judicial, realizar las investigaciones adicionales que sean necesarias para establecer los hechos y de proceder llamar a juicio a los supuestos delincuentes de cuello blanco para determinar su culpabilidad.
Se trata de una denuncia criminal presentada ante el Ministerio Público por el secretario ejecutivo del recién creado Consejo Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción, Cristóbal Arboleda, y el actual gerente de la Caja, Eudoro Jaén. Denunciaron a los ex gerentes de la Caja, Carlos Raúl Piad y Lourdes Mercedes Villalaz García, y a cuatro ex miembros de la Junta Directiva de la Caja, Angel Jaén, Julio Córdoba, Julio Vásquez y Rolando Shahani, como supuestos autores del delito de corrupción en perjuicio de la Caja de Ahorros en el otorgamiento de préstamos irregulares mediante la modalidad de fideicomisos inmobiliarios.
Los investigadores enfrentarán las usuales dificultades en comprobar si en efecto hubo corrupción, si alguno de los funcionarios o directivos recibió algún beneficio económico o en especie por conceder el crédito. Sin el beneficio de contar con la posibilidad de negociar con alguno de los involucrados para que revele las intimidades, como bien se pudiera hacer si se contara con una legislación que lo permitiera, enfrentarán una vez más el secretismo y la infinidad de maneras como se pueden esconder bienes mal habidos.
Pero pensamos que la administración de la Caja no debe quedar satisfecha con la denuncia y pasarle la pelota caliente al sistema judicial. Si considera que hubo un perjuicio para la institución, entonces tiene derecho a promover acciones personales contra los que le causaron ese daño. La sanción administrativa de despido ya no cabe para muchos de los involucrados; pero cuando un empleado, ejecutivo o hasta director de una empresa se involucra en actos que la perjudican, se acostumbra que la empresa los persiga para que se le resarzan los daños.
Si no hay delito, al menos existe imprudencia en la manera que se concedieron estos préstamos. Es cierto que existen avalúos de empresas serias que probablemente acabaron involucradas en este escándalo. Pero todo banquero sabe que el avalúo es tan sólo un elemento entre los tantos que se toman en consideración para conceder un préstamo, como lo son, historial de crédito del deudor, experiencia profesional del deudor, viabilidad del proyecto financiado, valor de las demás garantías, etc. Los bancos no están en el negocio de quedarse con bienes muebles o inmuebles, aunque sean muy valiosos; están en el negocio de recibir depósitos y con ellos prestar dinero para pagar intereses a esos depositarios y, en el mejor de los casos, obtener una ganancia. Si se prestó porque la garantía supuestamente cubría con creces el préstamo entonces se estaría ante una grave imprudencia de parte de los anteriores administradores de la institución.
El Estado estará obligado a asumir la administración en la enseñanza en aquellos casos en que las organizaciones intermedias no sean capaces de asumir esta responsabilidad o que existan dificultades especiales. Algunos ejemplos de estos casos pueden ser zonas de extrema pobreza, escuelas fronterizas, poblados rurales, etc.
La educación superior generará sus propias formas de organización y administración de manera de poder contar con la autonomía necesaria para el desarrollo de sus importantes actividades.
Se trata de una denuncia criminal presentada ante el Ministerio Público por el secretario ejecutivo del recién creado Consejo Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción, Cristóbal Arboleda, y el actual gerente de la Caja, Eudoro Jaén. Denunciaron a los ex gerentes de la Caja, Carlos Raúl Piad y Lourdes Mercedes Villalaz García, y a cuatro ex miembros de la Junta Directiva de la Caja, Angel Jaén, Julio Córdoba, Julio Vásquez y Rolando Shahani, como supuestos autores del delito de corrupción en perjuicio de la Caja de Ahorros en el otorgamiento de préstamos irregulares mediante la modalidad de fideicomisos inmobiliarios.
Los investigadores enfrentarán las usuales dificultades en comprobar si en efecto hubo corrupción, si alguno de los funcionarios o directivos recibió algún beneficio económico o en especie por conceder el crédito. Sin el beneficio de contar con la posibilidad de negociar con alguno de los involucrados para que revele las intimidades, como bien se pudiera hacer si se contara con una legislación que lo permitiera, enfrentarán una vez más el secretismo y la infinidad de maneras como se pueden esconder bienes mal habidos.
Pero pensamos que la administración de la Caja no debe quedar satisfecha con la denuncia y pasarle la pelota caliente al sistema judicial. Si considera que hubo un perjuicio para la institución, entonces tiene derecho a promover acciones personales contra los que le causaron ese daño. La sanción administrativa de despido ya no cabe para muchos de los involucrados; pero cuando un empleado, ejecutivo o hasta director de una empresa se involucra en actos que la perjudican, se acostumbra que la empresa los persiga para que se le resarzan los daños.
Si no hay delito, al menos existe imprudencia en la manera que se concedieron estos préstamos. Es cierto que existen avalúos de empresas serias que probablemente acabaron involucradas en este escándalo. Pero todo banquero sabe que el avalúo es tan sólo un elemento entre los tantos que se toman en consideración para conceder un préstamo, como lo son, historial de crédito del deudor, experiencia profesional del deudor, viabilidad del proyecto financiado, valor de las demás garantías, etc. Los bancos no están en el negocio de quedarse con bienes muebles o inmuebles, aunque sean muy valiosos; están en el negocio de recibir depósitos y con ellos prestar dinero para pagar intereses a esos depositarios y, en el mejor de los casos, obtener una ganancia. Si se prestó porque la garantía supuestamente cubría con creces el préstamo entonces se estaría ante una grave imprudencia de parte de los anteriores administradores de la institución.
El Estado estará obligado a asumir la administración en la enseñanza en aquellos casos en que las organizaciones intermedias no sean capaces de asumir esta responsabilidad o que existan dificultades especiales. Algunos ejemplos de estos casos pueden ser zonas de extrema pobreza, escuelas fronterizas, poblados rurales, etc.
La educación superior generará sus propias formas de organización y administración de manera de poder contar con la autonomía necesaria para el desarrollo de sus importantes actividades.
