Seguridad ciudadana y el Estado de Derecho
El debate sobre las leyes que se relacionan directamente con temas de seguridad ciudadana tiene, en mi opinión, tres connotaciones: el método escogido para aprobar las leyes, la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de los proyectos propuestos y la conveniencia o inconveniencia de la propuesta, en el marco del desarrollo de nuestra institucionalidad democrática.
En relación con el método, no se puede culpar mucho al ?"rgano Ejecutivo. Es motivo de otro tema de discusión distinto a éste la realidad de que las mejores leyes producidas en el país son las que preparan los asesores de la Presidencia de la República, y no las que emanan del hemiciclo legislativo, por la falta de compromiso de nuestros legisladores y las negociaciones de las que son objeto esos documentos legales.
En relación con la posible inconstitucionalidad de algunos artículos, preocupa que ciertos juristas muy connotados del país hayan denunciado las supuestas inconstitucionales facultades del ?"rgano Ejecutivo para legislar por Decreto Ejecutivo en materia relacionada con libertades fundamentales tuteladas por el texto constitucional; así como preocupa que no tengan el diente debido los controles institucionales tanto judiciales como legislativos a los que deben someterse las decisiones en materia de seguridad e inteligencia de Estado.
El tema más polémico es la de la conveniencia o inconveniencia del grupo de propuestas. El país parece dividido en dos grupos, los cuales no retratan -aunque algunos políticos quisieran que así fuera-, la línea divisoria entre oposición y gobierno. Algunos opositores, y quienes se oponen a las propuestas, ven en ella la semilla para el renacimiento del militarismo en el país. Esto aludiría más a la intención que al contenido de las propias propuestas, y en este terreno subjetivo, tienen todo el derecho de pensar así. A ellos, les sugiero que extiendan la batalla hasta la primera semana de mayo del 2009, fecha en que ellos -siguiendo la lógica que ahora exponen-, deben probar con los votos en las urnas que él o los candidatos opositores, que además se oponen a estas piezas legislativas concitan la mayoría del pueblo panameño.
A quienes apoyan con cautela el paquete de reformas, porque entienden que no se puede reclamar más seguridad, y no dotar a la policía nacional de las herramientas jurídicas y fácticas necesarias para cumplir con su función, también deben estar alertas para evitar desviaciones inconvenientes y/o inconstitucionales en las leyes propuestas.
Una acotación final: en todo el continente americano, los ministros de Defensa son militares de carrera, y más aún, la más efectiva represión del crimen organizado y del narcotráfico, que hoy consume el 70% de la criminalidad local, lo persigue la policía federal y/o el ejército.
