¿Seremos capaces de hacerlo?
Un proceso renovado de desarrollo requiere de nuevas dinámicas de inserción internacional, de la elevación de la competitividad, del aumento del ahorro y la inversión, de la racionalización, flexibilización y mayor eficiencia del aparato estatal; del logro y manutención de un grado razonable de equilibrio en los balances macroeconómicos; y del perfeccionamiento del papel del mercado y los agentes económicos privados, nacionales y extranjeros.
Es cierto que hay un alto grado de convergencia en estos objetivos y orientaciones generales, pero también hay profundas divergencias del enfoque, así como de diagnóstico respecto a las políticas económicas y sociales específicas.
El neoestructuralismo considera esencial adoptar modalidades de política económica que se puedan conjugar con una acción política sino, ojalá, fortalecedora de la democracia, de tal manera que se compartan razonablemente los inevitables costos sociales de las reformas.
La sobrevivencia de los procesos de democratización requiere de programas políticos y económicos profundamente realistas pero, a la vez, claramente progresistas, en el sentido de tener prioritariamente presente el bienestar de las mayorías populares. No se trata de resucitar populismos añejos, lo que es materialmente imposible.
Hay que tener plena conciencia de las realidades y exigencias que las nuevas realidades entrañan. Pero hay que desarrollar también la capacidad de concertar políticamente la realización de reformas imprescindibles, de tal forma que se compartan los sacrificios sociales que entrañan y se distribuyan con mayor justicia los frutos de la recuperación del desarrollo.
Se trata, entre otras políticas concretas, de impulsar la inaplazable mejora de los deteriorados niveles de vida de al menos los sectores más postergados durante estas décadas y más perjudicados por las políticas de ajuste y reestructuración; de procurar el aumento y la diversificación de las exportaciones por medio del aumento de la productividad y no sólo por la reducción indiscriminada de los aranceles aduaneros; de adoptar medidas concretas y prácticas de concertación e integración regional y de negociación externa conjunta en materia de deuda; acceso a mercados y financiación; de robustecer -no obstante su inevitable reorganización- las funciones públicas del Estado y su capacidad para orientar el desarrollo económico, especialmente en materia social, ambiental y de control de los monopolios públicos y privados, nacionales y extranjeros.
En definitiva, el enfoque económico prevaleciente debe ser revisado a la luz de éstas y otras consideraciones y flexibilizando mediante propuestas concretas políticas y económicas creativas en materia de deuda externa, reforma del Estado, políticas sociales, reinserción internacional, reestructuración productiva y acumulación de progreso técnico, que hagan sostenible tanto la reorganización económica como el proceso de democratización que tan amenazado se ve actualmente.
Dentro de todo lo que he mencionado, tenemos el reto de una menguada participación en la economía mundial y la decreciente productividad de nuestro país tiene su correlato en la depreciación de nuestros recursos humanos.
Y la cobertura y calidad de nuestros sistemas educativos es deficiente, considerando las repeticiones, la deserción y la obsolescencia e irrelevancia curricular. Para que la educación se transforme en el eje de la transformación productiva y se dinamice, es necesario superar el relativo aislamiento del sistema de educación, de capacitación y de adquisición de conocimientos científico-tecnológicos, y abrirla a los requerimientos sociales.
La apertura debe asegurar el acceso universal al conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna: dar acceso a los denominados códigos de la modernidad.
Es necesario impulsar la creatividad y promover el acceso, la difusión y la innovación en materia científico-tecnológica. Para ello, deben cumplirse condiciones, tales como una gestión institucional responsable, una profesionalización y protagonismo de los educadores, un compromiso financiero de la sociedad con la educación, la capacitación y el esfuerzo científico-tecnológico. ¡Hay tanto por hacer en nuestro país!
Es cierto que hay un alto grado de convergencia en estos objetivos y orientaciones generales, pero también hay profundas divergencias del enfoque, así como de diagnóstico respecto a las políticas económicas y sociales específicas.
El neoestructuralismo considera esencial adoptar modalidades de política económica que se puedan conjugar con una acción política sino, ojalá, fortalecedora de la democracia, de tal manera que se compartan razonablemente los inevitables costos sociales de las reformas.
La sobrevivencia de los procesos de democratización requiere de programas políticos y económicos profundamente realistas pero, a la vez, claramente progresistas, en el sentido de tener prioritariamente presente el bienestar de las mayorías populares. No se trata de resucitar populismos añejos, lo que es materialmente imposible.
Hay que tener plena conciencia de las realidades y exigencias que las nuevas realidades entrañan. Pero hay que desarrollar también la capacidad de concertar políticamente la realización de reformas imprescindibles, de tal forma que se compartan los sacrificios sociales que entrañan y se distribuyan con mayor justicia los frutos de la recuperación del desarrollo.
Se trata, entre otras políticas concretas, de impulsar la inaplazable mejora de los deteriorados niveles de vida de al menos los sectores más postergados durante estas décadas y más perjudicados por las políticas de ajuste y reestructuración; de procurar el aumento y la diversificación de las exportaciones por medio del aumento de la productividad y no sólo por la reducción indiscriminada de los aranceles aduaneros; de adoptar medidas concretas y prácticas de concertación e integración regional y de negociación externa conjunta en materia de deuda; acceso a mercados y financiación; de robustecer -no obstante su inevitable reorganización- las funciones públicas del Estado y su capacidad para orientar el desarrollo económico, especialmente en materia social, ambiental y de control de los monopolios públicos y privados, nacionales y extranjeros.
En definitiva, el enfoque económico prevaleciente debe ser revisado a la luz de éstas y otras consideraciones y flexibilizando mediante propuestas concretas políticas y económicas creativas en materia de deuda externa, reforma del Estado, políticas sociales, reinserción internacional, reestructuración productiva y acumulación de progreso técnico, que hagan sostenible tanto la reorganización económica como el proceso de democratización que tan amenazado se ve actualmente.
Dentro de todo lo que he mencionado, tenemos el reto de una menguada participación en la economía mundial y la decreciente productividad de nuestro país tiene su correlato en la depreciación de nuestros recursos humanos.
Y la cobertura y calidad de nuestros sistemas educativos es deficiente, considerando las repeticiones, la deserción y la obsolescencia e irrelevancia curricular. Para que la educación se transforme en el eje de la transformación productiva y se dinamice, es necesario superar el relativo aislamiento del sistema de educación, de capacitación y de adquisición de conocimientos científico-tecnológicos, y abrirla a los requerimientos sociales.
La apertura debe asegurar el acceso universal al conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna: dar acceso a los denominados códigos de la modernidad.
Es necesario impulsar la creatividad y promover el acceso, la difusión y la innovación en materia científico-tecnológica. Para ello, deben cumplirse condiciones, tales como una gestión institucional responsable, una profesionalización y protagonismo de los educadores, un compromiso financiero de la sociedad con la educación, la capacitación y el esfuerzo científico-tecnológico. ¡Hay tanto por hacer en nuestro país!
