Temores imaginarios y preocupaciones reales en la Presidencia

Ex Vicepresidente de la República

Los panameños y panameñas estamos convencidos mayoritariamente, de acuerdo con las encuestas, que nuestros gobiernos están afectados por la corrupción. Los síntomas manifiestan que el virus "corruptela panamiensis" sigue activo. La propuesta de la Presidenta para Contralor de la República, principal freno institucional de la corrupción, de un político íntimo allegado suyo, cuyo hermano es su principal manipulador político (siendo discípulo aventajado de Maquiavelo), garantizó que su acción supervisora sería selectiva y evitaría cuidadosamente entrometerse en cualquier predio muy cercano a la Presidencia. La creación de una oficina anticorrupción, cuyo primer titular renunció sin explicación y sin que se nombrara su substituto inmediatamente, reveló que esta medida no se tomaba muy en serio.
No es necesario recordar extensamente dos incidentes que colocaron el inicio de la gestión de quien había sido presentada por su propaganda electoral como "la Presidenta de los pobres" bajo el signo del cuestionamiento. Primero el incidente de los relojes Cartier, que dejó dudas sobre qué pretendía la Presidenta con regalos tan costosos y cómo se había pagado por dichos regalos, y segundo el incidente de la casa en Punta Mala, que dejó interrogantes sobre cómo se justificaba gastar fondos públicos en una residencia veraniega para la Presidenta, cuando ella posee personalmente una o dos de tales casas en el interior, y cómo se explica el gasto de casi B/100,000 presuntamente propios en una propiedad del Estado. Si las explicaciones que terminaron por darse sobre estos incidentes, después de explicaciones originales diferentes, hubieran sido verdad, la Presidenta habría gastado aproximadamente un cuarto de millón de balboas de sus fondos personales en los primeros seis meses de su gobierno. Este hecho harto improbable dejó subsistir los cuestionamientos.
De un tiempo para acá se amontonan las acusaciones de corrupción contra diversos funcionarios y dependencias. Estas han involucrado, por ejemplo, a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, cuyo director se ha visto obligado a renunciar debido a las acusaciones por parte del Contralor y a su vez, ha acusado al Contralor de flagrante conflicto de intereses. Tanto el Ministro de Gobierno y Justicia como el Contralor han tenido que defenderse de la acusación de que aparentemente se mejoró una carretera para beneficiarlos. La Autoridad Marítima ha sido objeto de múltiples denuncias que afectan internacionalmente los intereses marítimos del país, desde Filipinas contra el Embajador de Panamá en cuanto a la certificación de marinos, de parte del dirigente de un sindicato internacional de marinos en cuanto a la compra de un certificado de oficial de marina, y a propósito de la adjudicación sin licitación de un negocio millonario de examinar contenedores con rayos x. El caso del helicóptero HP 1430 que seguía al de la Presidenta y cayó al mar, cuyo registro oficial no existe y cuya propiedad sigue misteriosa, ha suscitado declaraciones de voceros oficiales contrarias a lo que luego se ha documentado y ha conducido a descubrir la entrega de gasolina a automóviles y aviones privados por parte del actual director del Servicio Aéreo Nacional.
Lo más grave de algunos de estos casos es que involucran al entorno inmediato de la Presidenta. El negocio millonario del examen de contenedores fue propuesto con insistencia por la Ministra de la Presidencia ante la Junta Directiva de la Autoridad Marítima. Es improbable que lo haya hecho sin conocimiento de la Presidenta. Por otra parte, no es creíble que la Presidenta no sepa, por lo menos a estas alturas, quien es el propietario del helicóptero que se cayó y si se le alquilaba. Lo menos que se puede decir es que no está siendo transparente. Además, pareciera que el Director del SAN fue nombrado por sus nexos personales con personal de la secretaría presidencial, que ha actuado irresponsablemente y que, además, tiene problemas con los miembros del servicio. No se comprende por qué no ha corrido la misma suerte del director de Tránsito y Transporte.
En estos casos aparecen involucrados de alguna manera, integrantes del llamado "grupo de Chitré", muy próximo a la Presidenta y que ha adquirido tanto predominio en los vericuetos del poder del Gobierno actual. Como resultado ha desaparecido algo que los presidentes norteamericanos se preocupan mucho por salvaguardar, a saber lo que llaman "deniability", es decir mantener su capacidad de negar con credibilidad que están envueltos en escándalos.
La Presidenta, sin dudas, ha sentido la situación crítica en la que se encuentra. Pero la reacción suya y de sus colaboradores ha sido ambigua.
Por una parte, han comenzado a declarar que hay una conspiración de sus adversarios políticos para desestabilizarla. No especulo. Digo ésto en conocimiento de causa. Hace algunos días, un ejecutivo de una empresa importante me pidió de urgencia una entrevista. Se la concedí porque es una persona que me merece confianza por su seriedad profesional. Me contó lo siguiente. Había estado conversando ese mismo día con un dignatario del actual gobierno, cuya identidad no me quiso revelar. El dignatario acababa de recibir la visita de un alto funcionario de inteligencia de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, quien le había informado que se estaba ejecutando un plan para acosar a la Presidenta sistemáticamente por los medios, con el propósito de crear el ambiente que luego permitiera denunciarla y enjuiciarla ante la Asamblea Legislativa y así poner fin a su Presidencia. De acuerdo con el funcionario de inteligencia, los instigadores del plan éramos uno de los propietarios de medios y yo, actuando de común acuerdo. Además, habría otras personas que, sin comunicación con nosotros, se estarían aprovechando de nuestro plan para lograr un objetivo diferente, a saber el cambio de tres ministros, el de Economía y Finanzas, el de Comercio e Industrias y el de Desarrollo Agropecuario.
Mi primera reacción fue de incredulidad. Pero tuve que aceptar que el ejecutivo de empresa me hablaba en serio y demostraba evidente preocupación. Y no pude imaginarme ninguna razón por la cual el dignatario de Gobierno le habría mentido. Ello me dejó con la convicción de que el funcionario de inteligencia le había transmitido a un dignatario gubernamental por lo menos, si no a más personas, esta versión de lo que estaba ocurriendo..
Por mi parte, llamé al propietario de medios para ponerlo al corriente y decidimos telefonearle al funcionario de inteligencia y confrontarlo con lo que nos habían contado. Así lo hicimos. Nos llamó la atención que llegó acompañado de su segundo y nos dijo, medio en broma medio en serio, que lo traía para que en el gobierno no pensaran que él estaba en entendimientos con nosotros, lo que desde el comienzo nos puso en la condición de personas de las que el gobierno sospechaba. También notamos que en ningún momento negó que había transmitido la mencionada versión de los acontecimientos a un dignatario del gobierno.
Además, nos instó a que leyéramos unas declaraciones de José I. Blandón, padre, publicadas en El Siglo, de acuerdo con las cuales "tres fuerzas estaban detrás de la ola de denuncias que alegaban corrupción gubernamental y del interés por restarle gobernabilidad a (la Presidenta) Moscoso, las cuales eran, la oposición, funcionarios del gobierno... y miembros desplazados de la oposición." Y nos instó a que leyéramos también un artículo de opinión de Guillermo Vega, publicado en El Panamá América, intitulado "No hay peor ciego...", en el cual afirma que los allegados a la Presidenta no toman en cuenta los "golpes de Estado constitucionales" que se han dado recientemente en las democracias latinoamericanas y analiza la posibilidad de que "la Asamblea decidiera juzgar a la Presidenta"
Evidentemente, el alto funcionario de inteligencia no hizo ni dijo nada por negar la información que me transmitió el ejecutivo de empresa. Por lo contrario, me sentí ante el perfecto absurdo. Recordé, entonces, la experiencia que viví el 1 de mayo de 1990, cuando estando el presidente Endara fuera del país, el segundo vicepresidente Ford me llamó por teléfono a la Villa de los Santos, donde visitaba la feria, para solicitarme que regresara enseguida por avión a la capital. La razón era que algunos arnulfistas se habían atrincherado, armados, en la Presidencia y en la oficina del director de los Casinos, porque decían que yo le preparaba un golpe al presidente Endara. En estas circunstancias turbias, fue muerto en la Presidencia el joven José Sebastián Cubilla, valet del presidente Endara. El mismo complejo obsesivo de algunos arnulfistas, que ven el fantasma del golpe en todas partes, se expresó entonces y se está expresando ahora en circunstancias diferentes. Semejante locura, sin el menor fundamento en la realidad, es lo que más atenta contra la tranquilidad del país y la estabilidad de la Presidenta y de su gobierno.
Si esta reacción predominara no habría ninguna esperanza de que la Presidenta le pusiera alto a la corrupción que se manifiesta y a las acusaciones que proliferan, probablemente más allá de lo que los hechos justifican. Gracias a Dios, se ha dado al mismo tiempo otra reacción contrapuesta. La Presidenta ha ratificado su intención de pedirle la renuncia a quien se le pruebe corrupción e incluso lo ha hecho a quien no se le ha probado aún, pero había perdido la confianza de la opinión pública. Además, tuvo el tino de ordenar la cancelación de la concesión del negocio millonario de examinar los contenedores con rayos x, ha solicitado del Contralor un audito del SAN y ha reactivado la oficina anticorrupción, aunque todavía la misma carece del mandato legal y de la independencia para una lucha eficaz contra la corrupción desde adentro del mismo Ejecutivo.
A la Presidenta aún le queda pendiente compartir francamente con la opinión pública lo que sin duda sabe sobre el helicóptero. Si mantuviera esta línea de reacción, no retóricamente sino en la realidad de los hechos, habría todavía esperanza de que se modifique la percepción de la opinión pública según la cual su Gobierno es corrupto.
La preocupación de la Presidenta y de sus allegados con que se quiera poner término a su período debe despejarse una vez por todas. No hay ninguna posibilidad de un golpe de Estado. Este temor es un sin sentido. Además, la posibilidad constitucional del enjuiciamiento de la Presidenta por la Asamblea sería sumamente costosa para Panamá desde el punto de vista de la estabilidad socioeconómica del país, de la seriedad de nuestra administración del Canal ante la comunidad internacional y de la consolidación de nuestra democracia. Desde estas tres perspectivas se necesita la mayor estabilidad posible. Adicionalmente, esta posibilidad no es políticamente factible. En efecto, el juicio de un Presidente por la Asamblea requiere para su condena, de acuerdo con el Código Judicial, el voto de dos tercios de los legisladores, es decir de 48 legisladores. Los legisladores de oposición, que por lo demás han asegurado la gobernabilidad no atentado contra ella, sólo suman 37 votos. ¿nicamente en la hipótesis, también absurda, de que la Presidenta violara la Constitución flagrantemente, intentando, por ejemplo, clausurar la Asamblea Legislativa, sería concebible reunir dos tercios de los votos para juzgarla y condenarla.
Ni la Presidenta y el oficialismo ni menos aún la oposición debemos gastar nuestro tiempo discutiendo un absurdo de política-ficción de la peor calidad. De lo que debemos preocuparnos de ahora al 2004 es de los problemas reales de nuestro país, a saber de la lucha contra la corrupción, de la tarea de imprimirle a nuestra economía un nuevo rumbo que le devuelva a nuestro pueblo la esperanza de un futuro mejor y de la decisión de ampliar el Canal. Llegado el 2004 tendremos la oportunidad de elegir democráticamente al sucesor de la Presidenta Mireya Moscoso.
¡Basta de bochinches y a trabajar todos por Panamá! (ariyan@sinfo.net).