Toda "catástrofe" política tiene un responsable
La dimisión de Donald Rumsfeld, tras el fracaso electoral republicano en Estados Unidos, es un ejemplo de reglas claras en una democracia: todo acto público tiene sus consecuencias y las "catástrofes políticas" tienen un responsable. No hay otra lectura posible si se quiere salvar la confianza en los líderes.
Y normalmente el funcionario sobre el que recae la máxima responsabilidad de una "catástrofe política" es la más alta autoridad en el sector. Se trata de una sencilla regla democrática que busca preservar la confianza en el sistema cuando los funcionarios se equivocan. Es una ética pública que en Panamá no se practica y está costando muchas vidas en materia de salud. Pues, tal como decíamos ayer en este diario, en el país esta regla es impensable y asistimos a "un interminable repertorio de excusas" de parte del gobierno, ya que aquí -pese al tiempo transcurrido- aún no hay responsables políticos para ninguna de las catástrofes nacionales que nos siguen impactando, especialmente en la peor crisis de salud publica que nos ha tocado vivir.
Esta sencilla regla democrática ha sido consistentemente ignorada en las últimas semanas en el gobierno de Torrijos, a pesar de los duros problemas que enfrentan las autoridades de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, donde 41 muertos no han tenido ninguna repercusión entre las autoridades del sector.
Es importante cambiar esta nefasta práctica de no sentirse responsable ante las fallas cometidas en la administración pública. Por tal razón, es oportuno insistir en que el Presidente debe comprender que se trata de un paso previo para la recuperación de la confianza de los panameños en el sistema democrático. No hacerlo podría extender la desconfianza en todo el régimen que nos gobierna.
Y normalmente el funcionario sobre el que recae la máxima responsabilidad de una "catástrofe política" es la más alta autoridad en el sector. Se trata de una sencilla regla democrática que busca preservar la confianza en el sistema cuando los funcionarios se equivocan. Es una ética pública que en Panamá no se practica y está costando muchas vidas en materia de salud. Pues, tal como decíamos ayer en este diario, en el país esta regla es impensable y asistimos a "un interminable repertorio de excusas" de parte del gobierno, ya que aquí -pese al tiempo transcurrido- aún no hay responsables políticos para ninguna de las catástrofes nacionales que nos siguen impactando, especialmente en la peor crisis de salud publica que nos ha tocado vivir.
Esta sencilla regla democrática ha sido consistentemente ignorada en las últimas semanas en el gobierno de Torrijos, a pesar de los duros problemas que enfrentan las autoridades de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, donde 41 muertos no han tenido ninguna repercusión entre las autoridades del sector.
Es importante cambiar esta nefasta práctica de no sentirse responsable ante las fallas cometidas en la administración pública. Por tal razón, es oportuno insistir en que el Presidente debe comprender que se trata de un paso previo para la recuperación de la confianza de los panameños en el sistema democrático. No hacerlo podría extender la desconfianza en todo el régimen que nos gobierna.
