Transportistas y particulares, ¿quién maneja peor?
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) acaso para demostrar que los automóviles particulares causan más accidentes que los públicos (buses y taxis) ha revelado algunas cifras que prueban abismalmente todo lo contrario. Ellas recogen 12,195 casos fallados por los juzgados de tránsito.
Para empezar, no todos los accidentes llegan al conocimiento de dichos tribunales. Por el contrario, al menos la mitad de ellos quedan fuera del alcance de los mismos por diversas causas, entre ellas, la impunidad de que gozan buseros y taxistas que burlan las citaciones, se dan a la fuga y no acuden a las audiencias, sin lo cual no hay fallo.
Las cifras indican que poco más de la mitad (57%) de los accidentes (6,915) fueron cometidos por conductores de vehículos particulares. Las mismas revelan que los buses ocasionaron el 14% de los accidentes (1,662, pese a que son una pequeña fracción (2%) del total del parque vehicular de la República). En efecto, el 92% de todos los automóviles que circulan por el territorio nacional son particulares y sólo el 9% es transporte público (buses y taxis). Obviamente, si contando con sólo 9% de los vehículos, son capaces de ocasionar el 43% de los accidentes ¿quién es el que peor conduce?
Otros detalles interesantes revelan que los siete mil buses en existencia que son, apenas el 2% de todo el parque vehicular de la República, ocasionaron sin embargo el 14% (1,662) de todos los accidentes fallados por dichos tribunales. La Contraloría registra un parque vehicular total en el país de 400 mil vehículos, de los cuales 26 mil son taxis (7%) y 7 mil son buses (2%).
Este ejercicio contribuye a demostrar la necesidad de que se regule con mayor rigor el tránsito de buses y taxis, a la par de los demás vehículos comerciales, más pesados y peligrosos, si es que se quiere detener o aminorar la espiral de las cifras de muertes y lesionados que arroja el tránsito de vehículos en la República.
La empresa responsable del suministro de la tarjeta base deberá responder por su descuido o falta de celo y seguridad. No el Tribunal Electoral, que compra un servicio y menos, achacarle la carga con el ánimo de desprestigiar el principal organismo que debemos cuidar y darle la fortaleza necesaria para garantizar la democracia, de la cual debemos estar orgullosos. Lo contrario sería como meter preso al vendedor de escopeta, porque uno de sus clientes, en vez de cazar patos, mata a un ciudadano.
Como periodista, conozco a los magistrados del Tribunal Electoral desde años, y han sido sacudidos y zarandeados por muchos hechos de la vida política de la nación istmeña y han resistido. Por ello se han ganado la confianza y la credibilidad del panameño, y creo que ésta es otra prueba que les fortalecerá. Los panameños que deseamos que este país avance, debemos ayudarles a atajar las veleidades, la irresponsabilidad, el rumor, la propaganda negra, las falsas interpretaciones de los hechos y cualquier intento para enlodar y restar la fe en esa institución y sus dignatarios, porque flaco favor le hacemos al país.
Con ello hacemos lo que los japoneses llaman el haraquiri. Nos liquidamos nosotros mismos.
Se acerca un torneo electoral importante, como son las elecciones generales del país. El Tribunal Electoral debe ser el bastión de transparencia de esos comicios, y todo buen panameño que se precie debe velar con celo que nada ni nadie, sin justificación, rebaje esa condición.
Por su parte, los magistrados del Tribunal electoral deben entender y estar conscientes de que todo un pueblo, el país entero les respalda en uno de los más importantes trabajos que marcarán el rumbo de la nación para el próximo quinquenio, y en ello se nos va la patria.
Para empezar, no todos los accidentes llegan al conocimiento de dichos tribunales. Por el contrario, al menos la mitad de ellos quedan fuera del alcance de los mismos por diversas causas, entre ellas, la impunidad de que gozan buseros y taxistas que burlan las citaciones, se dan a la fuga y no acuden a las audiencias, sin lo cual no hay fallo.
Las cifras indican que poco más de la mitad (57%) de los accidentes (6,915) fueron cometidos por conductores de vehículos particulares. Las mismas revelan que los buses ocasionaron el 14% de los accidentes (1,662, pese a que son una pequeña fracción (2%) del total del parque vehicular de la República). En efecto, el 92% de todos los automóviles que circulan por el territorio nacional son particulares y sólo el 9% es transporte público (buses y taxis). Obviamente, si contando con sólo 9% de los vehículos, son capaces de ocasionar el 43% de los accidentes ¿quién es el que peor conduce?
Otros detalles interesantes revelan que los siete mil buses en existencia que son, apenas el 2% de todo el parque vehicular de la República, ocasionaron sin embargo el 14% (1,662) de todos los accidentes fallados por dichos tribunales. La Contraloría registra un parque vehicular total en el país de 400 mil vehículos, de los cuales 26 mil son taxis (7%) y 7 mil son buses (2%).
Este ejercicio contribuye a demostrar la necesidad de que se regule con mayor rigor el tránsito de buses y taxis, a la par de los demás vehículos comerciales, más pesados y peligrosos, si es que se quiere detener o aminorar la espiral de las cifras de muertes y lesionados que arroja el tránsito de vehículos en la República.
La empresa responsable del suministro de la tarjeta base deberá responder por su descuido o falta de celo y seguridad. No el Tribunal Electoral, que compra un servicio y menos, achacarle la carga con el ánimo de desprestigiar el principal organismo que debemos cuidar y darle la fortaleza necesaria para garantizar la democracia, de la cual debemos estar orgullosos. Lo contrario sería como meter preso al vendedor de escopeta, porque uno de sus clientes, en vez de cazar patos, mata a un ciudadano.
Como periodista, conozco a los magistrados del Tribunal Electoral desde años, y han sido sacudidos y zarandeados por muchos hechos de la vida política de la nación istmeña y han resistido. Por ello se han ganado la confianza y la credibilidad del panameño, y creo que ésta es otra prueba que les fortalecerá. Los panameños que deseamos que este país avance, debemos ayudarles a atajar las veleidades, la irresponsabilidad, el rumor, la propaganda negra, las falsas interpretaciones de los hechos y cualquier intento para enlodar y restar la fe en esa institución y sus dignatarios, porque flaco favor le hacemos al país.
Con ello hacemos lo que los japoneses llaman el haraquiri. Nos liquidamos nosotros mismos.
Se acerca un torneo electoral importante, como son las elecciones generales del país. El Tribunal Electoral debe ser el bastión de transparencia de esos comicios, y todo buen panameño que se precie debe velar con celo que nada ni nadie, sin justificación, rebaje esa condición.
Por su parte, los magistrados del Tribunal electoral deben entender y estar conscientes de que todo un pueblo, el país entero les respalda en uno de los más importantes trabajos que marcarán el rumbo de la nación para el próximo quinquenio, y en ello se nos va la patria.
