Tribunal Penal Internacional
El pasado 17 de julio, Las Naciones Unidas, por asentimiento de 120 países contra 7 y 21 abstenciones, aprobó el hoy llamado Estatuto de Roma, por el que se acuerda la constitución de un Tribunal Penal Internacional para juzgar delitos contra la Humanidad.
Panamá estuvo entre las 120 naciones que votaron a favor del proyecto, mientras que entre quienes se opusieron, destacan Estados Unidos, China e Israel. El secretario general del organismo, Kofi Annan, aplaudió la decisión, calificándola como "paso gigante, imposible de imaginar hace unos años".
Francia se adhirió en último momento, mediante la adopción de una fórmula transaccional, consistente en la inclusión en el convenio de la cláusula "opting out", que permitiría a las naciones firmantes optar por excluir por siete años la aplicación del convenio a algunos delitos.
Delitos atroces tales como el genocidio y crímenes de guerra, tortura, esterilización forzosa, violación, confiscación y otros, caen bajo la jurisdicción del tribunal que, una vez constituído, podría conocer de atrocidades tales como las matanzas en Ruanda y Kosovo.
Se requiere sin embargo para su implementación, la ratificación, ésto es la aprobación por la legislación interna de al menos 60 países. Su sede permanente estará en La Haya, Holanda, donde también reside la Corte Internacional que lleva su nombre.
El gran ausente de la convención, Estados Unidos, ha justificado su negativa a imperativos de sus intereses internacionales. El tratado podría resultar embarazoso para sus tropas destacadas en diversas misiones alrededor del mundo. Otros alegan que, si en la actualidad persisten casos de violación de derechos humanos, no es por falta de leyes.
Desde otro ángulo, se insiste también en Norteamérica, en señalar que posiblemente existan intereses subyacentes en gran parte de los votos afirmativos, como por ejemplo, el de ver a Israel sentado en el banquillo, por supuestos crímenes relativos a los territorios árabes ocupados. Recordemos al respecto no sólo las víctimas de bombardeos sino también la política de asentamientos judíos en tierras ajenas, previo desplazamiento de sus antiguos ocupantes.
Pese a las reservas expuestas, el convenio nos parece un gran paso en el camino de la internacionalización de algunos delitos, que por su magnitud trascienden las estrechas fronteras nacionales, como hoy es el caso de la violación de los derechos humanos y que mañana puede ser, por ejemplo, el narcotráfico internacional.
Panamá estuvo entre las 120 naciones que votaron a favor del proyecto, mientras que entre quienes se opusieron, destacan Estados Unidos, China e Israel. El secretario general del organismo, Kofi Annan, aplaudió la decisión, calificándola como "paso gigante, imposible de imaginar hace unos años".
Francia se adhirió en último momento, mediante la adopción de una fórmula transaccional, consistente en la inclusión en el convenio de la cláusula "opting out", que permitiría a las naciones firmantes optar por excluir por siete años la aplicación del convenio a algunos delitos.
Delitos atroces tales como el genocidio y crímenes de guerra, tortura, esterilización forzosa, violación, confiscación y otros, caen bajo la jurisdicción del tribunal que, una vez constituído, podría conocer de atrocidades tales como las matanzas en Ruanda y Kosovo.
Se requiere sin embargo para su implementación, la ratificación, ésto es la aprobación por la legislación interna de al menos 60 países. Su sede permanente estará en La Haya, Holanda, donde también reside la Corte Internacional que lleva su nombre.
El gran ausente de la convención, Estados Unidos, ha justificado su negativa a imperativos de sus intereses internacionales. El tratado podría resultar embarazoso para sus tropas destacadas en diversas misiones alrededor del mundo. Otros alegan que, si en la actualidad persisten casos de violación de derechos humanos, no es por falta de leyes.
Desde otro ángulo, se insiste también en Norteamérica, en señalar que posiblemente existan intereses subyacentes en gran parte de los votos afirmativos, como por ejemplo, el de ver a Israel sentado en el banquillo, por supuestos crímenes relativos a los territorios árabes ocupados. Recordemos al respecto no sólo las víctimas de bombardeos sino también la política de asentamientos judíos en tierras ajenas, previo desplazamiento de sus antiguos ocupantes.
Pese a las reservas expuestas, el convenio nos parece un gran paso en el camino de la internacionalización de algunos delitos, que por su magnitud trascienden las estrechas fronteras nacionales, como hoy es el caso de la violación de los derechos humanos y que mañana puede ser, por ejemplo, el narcotráfico internacional.
