Un llamado de auxilio

A raíz de las declaraciones de David Murcia y sus efectos políticos, la comunidad ha dejado pasar por alto algo muy relevante y de mayor importancia.

Con gran asombro y malestar he leído detenidamente el llamado de auxilio que la Administración y Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá (BNP) ha publicado bajo el título "Carta a la Sociedad Panameña".

Quien lo haya leído coincidirá conmigo en que el comunicado en cuestión es un llamado de auxilio a toda la sociedad panameña ante un "exabrupto" proferido por la Corte Suprema de Justicia habida cuenta de que sus fallos son finales, definitivos e irrecurribles.

No puedo visualizar desde mi óptica, el fundamento legal para tal medida y me sorprende que en el dictamen haya participado un magistrado que, a través de sus salvamento de votos, anteriores, mostrara mucho mejor juicio y verticalidad. Desde el punto de vista económico y financiero, sí puedo opinar con más fundamento y me atrevo a decir que las conclusiones a que arriba la Sala Tercera de la Corte no tienen sustentación alguna y es ni más ni menos un vulgar atraco a los fondos públicos que se obtienen como producto de nuestros impuestos.

Si a la empresa en mención se le suspendieron los trabajos sin fundamento o justificación alguna, ¿dónde está el administrador de la época para responder por tales desatinos? También la Administración del BNP de la época está involucrada en los desastres de la barriada de Prados del Este.

¿Por qué el Estado panameño tiene que responder por la ineficiencia e ineptitud de funcionarios ejecutivos muy bien pagados y por órganos inoperantes. Después del irresponsable letargo de cuatro años del ?"rgano Judicial para dilucidar este asunto, una afectación de cientos de miles se convierte en varios millones de dólares a ciencia y paciencia de las autoridades y del pueblo en general.

Las asociaciones profesionales y técnicas, tales como el Colegio de Abogados, de Contadores y Economistas, así como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos tienen la obligación moral irrenunciable de pronunciarse en este caso.

Como señaláramos en artículos anteriores, se está haciendo una práctica repetitiva el formular demandas al Estado a sabiendas que se tiene todas las probabilidades de ganarlas como es el de una concesión que se da en los puertos a sabiendas de que dentro de muy poco tiempo éstos serían privatizados. Igual se da en Amador donde el caso se prolonga tanto en su definición legal, que cuando se dicta el fallo ya hay "sustracción de materia".

Otro truco que también se está utilizando para facilitar la entrada de ciertas personas al selecto círculo de millonarios es asignar contratos directos o licitados por cifras inicialmente razonables, bajo el entendimiento de que durante su ejecución, mediante addenda, se le dotaran de montos adicionales muy significativos con relación al monto acordado.

Hay tantas demandas contra el Estado que cuando se resuelvan todas probablemente no quede dinero suficiente para atender las necesidades más apremiantes del pueblo panameño en materia de salud, educación, infraestructuras, seguridad y otras.

Reitero que los fondos que los políticos manejan no son de su propiedad y deben ser administrados con mayor celo y transparencia, y no ser fuente inagotable de atraco y corrupción. Urge la rendición de cuentas.