Venezuela incumple compromisos
Hugo Chávez asumió el poder ofreciendo respetar las obligaciones contractuales con empresas extranjeras y los tratados internacionales. Pero transcurridos seis meses, comenzó a violarlos.
El primer caso se presentó con Aucoven, concesionaria mexicano-venezolana, que en diciembre de 1996 ganó la buena pro para operar la autopista Caracas-La Guaira. El mismo gobierno de Rafael Caldera incumplió las condiciones del contrato y la situación fue heredada por el gobierno de Chávez, que en lugar de dar valor a la letra del contrato, no se ciñó a los términos e intentó anularlo. Hoy el caso se encuentra en un tribunal de arbitraje en Estados Unidos.
Igual ocurrió con el muelle de Jose, cuya operación fue entregada a una compañía norteamericano-canadiense y tras la interrupción de actividades petroleras en diciembre de 2002, el gobierno decidió tomar, arbitrariamente, el control del muelle irrespetando las condiciones del contrato. Pero la más flagrante violación parece ser el caso de Intesa, una compañía constituida en 1997 para el manejo de tecnologías de información en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La empresa conjunta (60% de SAIC de Chicago y 40% de PDVSA) operaba con bastante eficiencia y rentabilidad, pero por razones "ideológicas" se decidió disolver la sociedad en el segundo trimestre de 2002.
PDVSA no sólo se negó a reconocer el valor de la participación de SAIC en la sociedad, sino que ha evitado someter el caso al arbitraje internacional, tal como lo prevé el contrato. El gobierno venezolano llevó a Intesa prácticamente a la quiebra por la negativa de pagar las deudas a la compañía por los servicios prestados.
Y ahora, OPIC, empresa privada de seguros de inversión con sede en Washington, ha calificado la acción de PDVSA como una expropiación total.
Lo más importante no es que la aseguradora indemnice a SAIC, sino el daño que se le hace a la reputación de Venezuela como destino para las inversiones. Si no se respetan los derechos de quienes ya están en el país, no se podrán captar capitales a largo plazo.
La pesca artesanal sin ningún tipo de regulación, control o planificación, y sin la extensión del Parque sería letal para el futuro de Coiba y acabaría con el potencial de desarrollo de la región. La extensión del Parque beneficiaría a todos porque permitiría a la joya natural de Coiba florecer y brindar sus frutos marinos. No cortemos de raíz el potencial de desarrollo sin brindar la oportunidad de que el Parque y su extensión, por primera vez, puedan dar todo de sí. No podemos permitir que una vez que los pescadores artesanales y los pobladores encuentren en el potencial científico y turístico un mejor sustento, otros intenten acabar con los recursos marinos. Como panameños y ciudadanos responsables, debemos establecer las medidas legales para proteger Coiba.
Con el Plan de Manejo y la Extensión del Parque se va a permitir la pesca regulada y, principalmente, se va a impulsar que los recursos sean aprovechados por los pobladores del área. La regulación mínima permitiría los períodos de reproducción de las especies; pescando otras, mientras el recurso se recupera. No hay cabida para que los políticos se opongan al beneficio que ofrecería la extensión del Parque.
Una prueba que los pescadores artesanales pueden obtener y quieren esta alternativa es Antón, donde los pescadores están dejando la pesca para dedicarse a trabajar en los desarrollos turísticos del sector, porque les es más rentable y les da mejor calidad de vida.
Lo que sucede es que en Coiba esta alternativa de desarrollo científico y turístico para los pobladores está basada en los recursos marinos. Si permitimos que los sigan explotando sin regulación acabaremos con aquella esperanza de una mejor vida para ellos y sus hijos. ¿Cómo se acaba con esta esperanza? No creemos el parque ni los extendamos.
Además, está demostrado que la creación de áreas protegidas tiene efectos positivos inmediatos en sus alrededores. Es decir, que no sólo los pescadores cercanos se verán beneficiados. También se beneficiarán los del Golfo de Montijo, Golfo de Chiriquí y la Península de Azuero. Todo apunta a que crear el Parque y su extensión tendrá beneficios directos e inmediatos. No hacerlo sólo traerá más desdicha para estas personas que no tienen calidad de vida cuando cada vez tienen que navegar más, consumir más combustible, al estar fuera de sus hogares por más días y arriesgando sus vidas.
El primer caso se presentó con Aucoven, concesionaria mexicano-venezolana, que en diciembre de 1996 ganó la buena pro para operar la autopista Caracas-La Guaira. El mismo gobierno de Rafael Caldera incumplió las condiciones del contrato y la situación fue heredada por el gobierno de Chávez, que en lugar de dar valor a la letra del contrato, no se ciñó a los términos e intentó anularlo. Hoy el caso se encuentra en un tribunal de arbitraje en Estados Unidos.
Igual ocurrió con el muelle de Jose, cuya operación fue entregada a una compañía norteamericano-canadiense y tras la interrupción de actividades petroleras en diciembre de 2002, el gobierno decidió tomar, arbitrariamente, el control del muelle irrespetando las condiciones del contrato. Pero la más flagrante violación parece ser el caso de Intesa, una compañía constituida en 1997 para el manejo de tecnologías de información en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La empresa conjunta (60% de SAIC de Chicago y 40% de PDVSA) operaba con bastante eficiencia y rentabilidad, pero por razones "ideológicas" se decidió disolver la sociedad en el segundo trimestre de 2002.
PDVSA no sólo se negó a reconocer el valor de la participación de SAIC en la sociedad, sino que ha evitado someter el caso al arbitraje internacional, tal como lo prevé el contrato. El gobierno venezolano llevó a Intesa prácticamente a la quiebra por la negativa de pagar las deudas a la compañía por los servicios prestados.
Y ahora, OPIC, empresa privada de seguros de inversión con sede en Washington, ha calificado la acción de PDVSA como una expropiación total.
Lo más importante no es que la aseguradora indemnice a SAIC, sino el daño que se le hace a la reputación de Venezuela como destino para las inversiones. Si no se respetan los derechos de quienes ya están en el país, no se podrán captar capitales a largo plazo.
La pesca artesanal sin ningún tipo de regulación, control o planificación, y sin la extensión del Parque sería letal para el futuro de Coiba y acabaría con el potencial de desarrollo de la región. La extensión del Parque beneficiaría a todos porque permitiría a la joya natural de Coiba florecer y brindar sus frutos marinos. No cortemos de raíz el potencial de desarrollo sin brindar la oportunidad de que el Parque y su extensión, por primera vez, puedan dar todo de sí. No podemos permitir que una vez que los pescadores artesanales y los pobladores encuentren en el potencial científico y turístico un mejor sustento, otros intenten acabar con los recursos marinos. Como panameños y ciudadanos responsables, debemos establecer las medidas legales para proteger Coiba.
Con el Plan de Manejo y la Extensión del Parque se va a permitir la pesca regulada y, principalmente, se va a impulsar que los recursos sean aprovechados por los pobladores del área. La regulación mínima permitiría los períodos de reproducción de las especies; pescando otras, mientras el recurso se recupera. No hay cabida para que los políticos se opongan al beneficio que ofrecería la extensión del Parque.
Una prueba que los pescadores artesanales pueden obtener y quieren esta alternativa es Antón, donde los pescadores están dejando la pesca para dedicarse a trabajar en los desarrollos turísticos del sector, porque les es más rentable y les da mejor calidad de vida.
Lo que sucede es que en Coiba esta alternativa de desarrollo científico y turístico para los pobladores está basada en los recursos marinos. Si permitimos que los sigan explotando sin regulación acabaremos con aquella esperanza de una mejor vida para ellos y sus hijos. ¿Cómo se acaba con esta esperanza? No creemos el parque ni los extendamos.
Además, está demostrado que la creación de áreas protegidas tiene efectos positivos inmediatos en sus alrededores. Es decir, que no sólo los pescadores cercanos se verán beneficiados. También se beneficiarán los del Golfo de Montijo, Golfo de Chiriquí y la Península de Azuero. Todo apunta a que crear el Parque y su extensión tendrá beneficios directos e inmediatos. No hacerlo sólo traerá más desdicha para estas personas que no tienen calidad de vida cuando cada vez tienen que navegar más, consumir más combustible, al estar fuera de sus hogares por más días y arriesgando sus vidas.
