Venezuela, logros del socialismo del siglo XXI
En los primeros cinco meses de 2007, en Venezuela se vendió la cifra récord de 172,081 vehículos, 54.3% más que las 111,549 unidades vendidas en el mismo período de 2006. Pero más que el incremento descomunal en estas ventas, lo que impresiona es que en lo que va del año, sólo fueron ensambladas en el país 58,191 unidades, apenas 2,373 unidades (4,3%) más que las ensambladas aquí para mayo de 2006.
Mientras tanto, las unidades importadas ascendieron a 113,890 unidades, más del doble (104.4% ó 58,159 unidades) que igual período de 2006. Es más, el volumen de vehículos importados es casi el doble de lo que se produce en el país. Así, el 64.5% de la demanda está siendo satisfecha a base de importaciones.
El que la producción venezolana no haya crecido a la par de la demanda se debe, principalmente, a que nuestra industria automotriz está operando actualmente muy cerca de su capacidad instalada. Según analistas, la industria podría estar produciendo algo más si no fuera por la infinidad de trabas burocráticas que ha impuesto el Gobierno, en su camino hacia el socialismo del siglo XXI. Para comenzar está el sinfin de solvencias de presentación obligatoria, entre ellas, las del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), la del Seguro Social y, sobre todo, la Solvencia Laboral, que constituye un verdadero vía crucis para el industrial. A esto se le suman los engorrosos trámites aduanales y el requerimiento más pernicioso y obstaculizador de todos: el Certificado de No Producción Nacional emitido por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. Algunos piensan que esas trabas forman parte del esfuerzo para racionar la salida de divisas. Sin embargo, si se escruta un poco más, lo que se encuentra es la red de ineficiencia e incapacidad técnica que está deglutiendo al Estado.
Que la industria automotriz venezolana no haya aumentado más su capacidad de producción de vehículos es atribuible al deterioro que sufre todo el sector industrial, tras ocho años de una férrea política anti empresarial aplicada por el gobierno de Hugo Chávez: una (anti) política que ha estado repleta de fuertes restricciones, controles y desincentivos a la inversión y a la producción, amén de la ausencia de seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad. Hoy, son muy pocos quienes se aventuran a invertir en el país ante el temor de no poder recuperar eventualmente su inversión.
La deprimida situación del sector industrial venezolano fue reportada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), en la investigación "Cerco empresarial". Desde 1998, el número de empresas industriales en Venezuela se derrumbó de 11,117 en diciembre de 1998 a 6,756 en diciembre de 2005. Y las más afectadas por el exceso de regulaciones y de tramitaciones oficiales, como también por la escasez de divisas para realizar importaciones, han sido las pequeñas y medianas empresas. Mientras el número de grandes empresas industriales ha disminuido en 11%, 42% de las pequeñas industrias y medianas ha desaparecido.
Ese es el logro del socialismo del siglo XXI.
(*) Robert Bottome y Norka Parra son director y analista, respectivamente, de VenEconomía
www.aipenet.com
Para él, es lamentable que los frutos que logró levantar un gobierno, las personas lo dejen prácticamente perder.
"Mucha gente es irresponsable y no quiere asumir que están dentro de una propiedad común".
Explicó que en el edificio en el que reside han existido problemas de todo tipo, desde personas que han pertenecido a directivas y se han retirado con dinero sin rendir cuentas, hasta quienes viven en el área y se rehusan a pagar la cuota de mantenimiento, que es de únicamente B/. 10.
Vásquez manifestó que los elevadores son otro problema. Hace tres años atrás se arreglaban y las personas lo dañaban a la semana. Algunas directivas han hecho esfuerzos, pero todos han sido infructuosos.
Lo que observa como irónico este residente es que curiosamente los propietarios de los pisos más altos, que tienen que hacer uso de los elevadores por necesidad, son los que menos quieren pagar la cuota.
Se han hecho innumerables reuniones para abarcar el aspecto de la pintura; sin embargo, aduce que siempre son los mismos los interesados que participan.
Todos los dueños de propiedades deben mantener sus edificios relucientes, aseveró el coordinador de corregidores de la Alcaldía de Panamá, Eliécer Barsallo.
Indicó que el decreto 2025 del 1 de diciembre de 1995 establece las obligaciones que tienen todos los propietarios administradores de viviendas, multifamiliares, negocios, entre otros.
Según el decreto, el propietario o administrador de vivienda, tiene la obligación de mantener limpio y pintado el frente y los predios de su propiedad.
Se trata de una orden que obliga a estas personas a que en el mes de mayo tengan bien remozadas sus edificaciones.
Añadió que este año se ha dado un período de extensión hasta el mes de junio y aquellos que no cumplan, los corregidores de los 21 corregimientos del distrito capitalino procederán a multarlos con sanciones que van desde B/. 10 a B/. 5 mil balboas.
El proceso será en la medida de que los corregidores realicen un recorrido para detectar quiénes no cumplan con lo establecido por el decreto para sancionarlos.
Las medidas serán dirigidas principalmente a quienes mantienen sus edificios sin pintura.
En el caso específico de las propiedades horizontales, Barsallo expresó que debe operar una directiva que se preocupe por darle mantenimiento y brindar la seguridad que requieren ese tipo de edificaciones.
Mientras tanto, las unidades importadas ascendieron a 113,890 unidades, más del doble (104.4% ó 58,159 unidades) que igual período de 2006. Es más, el volumen de vehículos importados es casi el doble de lo que se produce en el país. Así, el 64.5% de la demanda está siendo satisfecha a base de importaciones.
El que la producción venezolana no haya crecido a la par de la demanda se debe, principalmente, a que nuestra industria automotriz está operando actualmente muy cerca de su capacidad instalada. Según analistas, la industria podría estar produciendo algo más si no fuera por la infinidad de trabas burocráticas que ha impuesto el Gobierno, en su camino hacia el socialismo del siglo XXI. Para comenzar está el sinfin de solvencias de presentación obligatoria, entre ellas, las del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), la del Seguro Social y, sobre todo, la Solvencia Laboral, que constituye un verdadero vía crucis para el industrial. A esto se le suman los engorrosos trámites aduanales y el requerimiento más pernicioso y obstaculizador de todos: el Certificado de No Producción Nacional emitido por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. Algunos piensan que esas trabas forman parte del esfuerzo para racionar la salida de divisas. Sin embargo, si se escruta un poco más, lo que se encuentra es la red de ineficiencia e incapacidad técnica que está deglutiendo al Estado.
Que la industria automotriz venezolana no haya aumentado más su capacidad de producción de vehículos es atribuible al deterioro que sufre todo el sector industrial, tras ocho años de una férrea política anti empresarial aplicada por el gobierno de Hugo Chávez: una (anti) política que ha estado repleta de fuertes restricciones, controles y desincentivos a la inversión y a la producción, amén de la ausencia de seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad. Hoy, son muy pocos quienes se aventuran a invertir en el país ante el temor de no poder recuperar eventualmente su inversión.
La deprimida situación del sector industrial venezolano fue reportada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), en la investigación "Cerco empresarial". Desde 1998, el número de empresas industriales en Venezuela se derrumbó de 11,117 en diciembre de 1998 a 6,756 en diciembre de 2005. Y las más afectadas por el exceso de regulaciones y de tramitaciones oficiales, como también por la escasez de divisas para realizar importaciones, han sido las pequeñas y medianas empresas. Mientras el número de grandes empresas industriales ha disminuido en 11%, 42% de las pequeñas industrias y medianas ha desaparecido.
Ese es el logro del socialismo del siglo XXI.
(*) Robert Bottome y Norka Parra son director y analista, respectivamente, de VenEconomía
www.aipenet.com
Para él, es lamentable que los frutos que logró levantar un gobierno, las personas lo dejen prácticamente perder.
"Mucha gente es irresponsable y no quiere asumir que están dentro de una propiedad común".
Explicó que en el edificio en el que reside han existido problemas de todo tipo, desde personas que han pertenecido a directivas y se han retirado con dinero sin rendir cuentas, hasta quienes viven en el área y se rehusan a pagar la cuota de mantenimiento, que es de únicamente B/. 10.
Vásquez manifestó que los elevadores son otro problema. Hace tres años atrás se arreglaban y las personas lo dañaban a la semana. Algunas directivas han hecho esfuerzos, pero todos han sido infructuosos.
Lo que observa como irónico este residente es que curiosamente los propietarios de los pisos más altos, que tienen que hacer uso de los elevadores por necesidad, son los que menos quieren pagar la cuota.
Se han hecho innumerables reuniones para abarcar el aspecto de la pintura; sin embargo, aduce que siempre son los mismos los interesados que participan.
Según el arquitecto Alberto Arosemena, una buena printura para un edificio como los multifamiliares de Tuira y Chucunaque, puede costar aproximadamente B/.25 mil, cuota que si se reúne con todos los propietarios de los apartamentos llega a ser mínima.
Vásquez, uno de los consultados, manifestó que cuando el Banco Hipotecario estaba a cargo de los edificios en Los Libertadores, los elevadores funcionaban con una operaria; sin embargo, después que la entidad se desligó, dejaron de operar.
Todos los dueños de propiedades deben mantener sus edificios relucientes, aseveró el coordinador de corregidores de la Alcaldía de Panamá, Eliécer Barsallo.
Indicó que el decreto 2025 del 1 de diciembre de 1995 establece las obligaciones que tienen todos los propietarios administradores de viviendas, multifamiliares, negocios, entre otros.
Según el decreto, el propietario o administrador de vivienda, tiene la obligación de mantener limpio y pintado el frente y los predios de su propiedad.
Se trata de una orden que obliga a estas personas a que en el mes de mayo tengan bien remozadas sus edificaciones.
Añadió que este año se ha dado un período de extensión hasta el mes de junio y aquellos que no cumplan, los corregidores de los 21 corregimientos del distrito capitalino procederán a multarlos con sanciones que van desde B/. 10 a B/. 5 mil balboas.
El proceso será en la medida de que los corregidores realicen un recorrido para detectar quiénes no cumplan con lo establecido por el decreto para sancionarlos.
Las medidas serán dirigidas principalmente a quienes mantienen sus edificios sin pintura.
En el caso específico de las propiedades horizontales, Barsallo expresó que debe operar una directiva que se preocupe por darle mantenimiento y brindar la seguridad que requieren ese tipo de edificaciones.
