¿Y la otra seguridad?
Se ha preguntado el lector, ¿qué estamos comiendo los panameños? No me refiero desde luego, a aquellos que pueden poner la paila dos y hasta tres veces al día (hábito que para muchos se nos ha perdido en el recuerdo), sino de aquel estrato que no tiene de dónde, y que son los más. Esta vez les quiero hablar de la calidad del "pan nuestro de cada día".
El tema me viene a la tecla presionado por el "estira y afloja" que mantienen la CLICAC, las "autoridades respectivas" (como se dice en las gacetillas periodísticas) y los comercializadores de productos agroquímicos, por la presencia de tóxicos químicos residuales en los alimentos, denunciadas reiteradamente. En países cercanos, estos efectos han sido desgarradores.
En Panamá hace décadas que venimos hablando de los efectos de los agroquímicos sobre la indiada en los bananales de Bocas del Toro, básicamente. Luego vinieron estudios sobre la posible incidencia de agroquímicos en el cáncer cérvico-uterino, en la provincia de Herrera. Desde hace mucho tiempo también, se les viene diciendo a los productores, sobre todo hortícolas, que el abuso en los pesticidas pone en peligro su propia salud y la de los consumidores en otras áreas, y provoca alteraciones en el ambiente, fracturando el equilibrio biológico. Los expertos han señalado por ejemplo, los estragos de ciertas plagas en los cultivos de exportación (ej. Liryomiza, mosca blanca), como consecuencia de estas practicas.
El problema no sólo se relaciona con alimentos de origen agrícola, sino pecuarios, toda vez que sabemos que ni los pastos que comen las reses están exentos de plaguicidas, ni los laboratorios que los deben medir disponen de la idoneidad para ello, según confesión de parte. Mientras el producto sigue llegando a los mercados con no sabemos cuánta cantidad de residuos tóxicos, las autoridades siguen con admirable celo, cada cual pugnando por la territorialidad de su esfera de influencia. La responsabilidad por esta situación se diluye sin que se sepa a ciencia cierta, a quién corresponde cada parte del asunto.
Además de la responsabilidad que cabe el Estado en términos de normatividad, regulación y control, ya sea en función ejecutiva (salud pública) y legislativa (parlamento), a los técnicos, gremios y centros especializados; que a los comercializadores tanto de agroquímicos, como de alimentos; qué a los mismos productores? Y en fin, qué a las transnacionales que como en el caso de Bophal en la India, pueden exterminar a toda una población "sin costo alguno para el cliente", como bien se dice en términos mercantiles.
El otro punto tan llevado y traído, es el de los laboratorios de residuos tóxicos. Se trata de una especie de "abracadabra", que el consumidor por supuesto, no logra entender. Alguna vez se justificó su inoperancia por la falta de equipos; después de reactivos, y siempre la falta de personal idóneo. Esto, a pesar que en la Universidad de Panamá existe el Instituto Especializado de Análisis, que según se conoce, cuenta con los elementos necesarios para este desempeño.
Pareciera obvio que si las entidades públicas no logran delimitar sus áreas de responsabilidad, como tampoco los sectores profesionales, ni productivos, y menos aún, los comercializadores, todo apuntaría a que la Universidad de Panamá viniera en auxilio de la salud pública, o sea, de los consumidores a los cuales, al fin y al cabo, la Alta Casa se debe.
Podría ir más allá. Disponer de sus recursos tecnológicos y de conocimientos, para convertir a nuestro país en un gran centro de servicios en materia de diagnóstico, análisis e información, a un nivel científico altamente competitivo, fuente de empleo y generación de tecnología y saber. La Universidad de Panamá y su amplia infraestructura de investigación, se articularía de una manera efectiva a las posibilidades que ha abierto la reversión canalera y las áreas respectivas, al almacenamiento y trasiego de alimentos por nuestro país (frutas, carnes, granos, vegetales, etc.) Alcanzar la jerarquía técnica, para otorgar las certificaciones fito y zoosanitarias que demandan los mercados globalizados.
La Universidad bien podría superar el grado de incompetencia, desconfianza, politiquería enfermiza, y la baja credibilidad existente en esta materia. Sobre todo, en circunstancias en que Panamá es sede la organización de ALCA, del VIII Congreso Panamericano de Veterinaria, y de la Cumbre Iberoamericana de Mandatarios, entre otros importantes escenarios próximos a celebrarse.
¿Por qué, entonces, perdernos en asuntos tangenciales y superfluos, cuando podríamos abocarnos, sin absurdas invalidaciones, con todos los talentos y voluntades con que cuenta el país, al diseño de una estrategia "a escala", en materia de Seguridad y Salud Agroalimentaria para las Américas y el mundo? ¿Por qué seguir jugando al desgaste trivial, desaprovechando las oportunidades del momento? La Universidad de Panamá y su posibilidad de convocatoria y liderazgo, quien también es responsable de la seguridad alimentaria de los panameños: Tiene la palabra.
El tema me viene a la tecla presionado por el "estira y afloja" que mantienen la CLICAC, las "autoridades respectivas" (como se dice en las gacetillas periodísticas) y los comercializadores de productos agroquímicos, por la presencia de tóxicos químicos residuales en los alimentos, denunciadas reiteradamente. En países cercanos, estos efectos han sido desgarradores.
En Panamá hace décadas que venimos hablando de los efectos de los agroquímicos sobre la indiada en los bananales de Bocas del Toro, básicamente. Luego vinieron estudios sobre la posible incidencia de agroquímicos en el cáncer cérvico-uterino, en la provincia de Herrera. Desde hace mucho tiempo también, se les viene diciendo a los productores, sobre todo hortícolas, que el abuso en los pesticidas pone en peligro su propia salud y la de los consumidores en otras áreas, y provoca alteraciones en el ambiente, fracturando el equilibrio biológico. Los expertos han señalado por ejemplo, los estragos de ciertas plagas en los cultivos de exportación (ej. Liryomiza, mosca blanca), como consecuencia de estas practicas.
El problema no sólo se relaciona con alimentos de origen agrícola, sino pecuarios, toda vez que sabemos que ni los pastos que comen las reses están exentos de plaguicidas, ni los laboratorios que los deben medir disponen de la idoneidad para ello, según confesión de parte. Mientras el producto sigue llegando a los mercados con no sabemos cuánta cantidad de residuos tóxicos, las autoridades siguen con admirable celo, cada cual pugnando por la territorialidad de su esfera de influencia. La responsabilidad por esta situación se diluye sin que se sepa a ciencia cierta, a quién corresponde cada parte del asunto.
Además de la responsabilidad que cabe el Estado en términos de normatividad, regulación y control, ya sea en función ejecutiva (salud pública) y legislativa (parlamento), a los técnicos, gremios y centros especializados; que a los comercializadores tanto de agroquímicos, como de alimentos; qué a los mismos productores? Y en fin, qué a las transnacionales que como en el caso de Bophal en la India, pueden exterminar a toda una población "sin costo alguno para el cliente", como bien se dice en términos mercantiles.
El otro punto tan llevado y traído, es el de los laboratorios de residuos tóxicos. Se trata de una especie de "abracadabra", que el consumidor por supuesto, no logra entender. Alguna vez se justificó su inoperancia por la falta de equipos; después de reactivos, y siempre la falta de personal idóneo. Esto, a pesar que en la Universidad de Panamá existe el Instituto Especializado de Análisis, que según se conoce, cuenta con los elementos necesarios para este desempeño.
Pareciera obvio que si las entidades públicas no logran delimitar sus áreas de responsabilidad, como tampoco los sectores profesionales, ni productivos, y menos aún, los comercializadores, todo apuntaría a que la Universidad de Panamá viniera en auxilio de la salud pública, o sea, de los consumidores a los cuales, al fin y al cabo, la Alta Casa se debe.
Podría ir más allá. Disponer de sus recursos tecnológicos y de conocimientos, para convertir a nuestro país en un gran centro de servicios en materia de diagnóstico, análisis e información, a un nivel científico altamente competitivo, fuente de empleo y generación de tecnología y saber. La Universidad de Panamá y su amplia infraestructura de investigación, se articularía de una manera efectiva a las posibilidades que ha abierto la reversión canalera y las áreas respectivas, al almacenamiento y trasiego de alimentos por nuestro país (frutas, carnes, granos, vegetales, etc.) Alcanzar la jerarquía técnica, para otorgar las certificaciones fito y zoosanitarias que demandan los mercados globalizados.
La Universidad bien podría superar el grado de incompetencia, desconfianza, politiquería enfermiza, y la baja credibilidad existente en esta materia. Sobre todo, en circunstancias en que Panamá es sede la organización de ALCA, del VIII Congreso Panamericano de Veterinaria, y de la Cumbre Iberoamericana de Mandatarios, entre otros importantes escenarios próximos a celebrarse.
¿Por qué, entonces, perdernos en asuntos tangenciales y superfluos, cuando podríamos abocarnos, sin absurdas invalidaciones, con todos los talentos y voluntades con que cuenta el país, al diseño de una estrategia "a escala", en materia de Seguridad y Salud Agroalimentaria para las Américas y el mundo? ¿Por qué seguir jugando al desgaste trivial, desaprovechando las oportunidades del momento? La Universidad de Panamá y su posibilidad de convocatoria y liderazgo, quien también es responsable de la seguridad alimentaria de los panameños: Tiene la palabra.
