¿Y qué más quieren del consumidor?
Dando respuesta al comunicado de la Asociación Nacional de Mueblerías e instituciones de crédito de la República de Panamá, respecto a los cuestionamientos que se nos hace a quienes venimos luchando y sosteniendo que se reglamente a través de ley, la actividad que realizan instituciones privadas como APC, podemos explicar lo siguiente:
En primer lugar, no es este un invento de alguien que sencillamente se ha visto afectado por dicha base de datos o lista negra. Es, pues, el resultado de las nefastas prácticas que se vienen realizando de antaño en perjuicio de los consumidores que se han visto profundamente lesionados por el desconocimiento de las consecuencias que premeditadamente y unilateralmente vienen aplicando con ventaja y alevosía, quienes se esconden detrás del nombre de APC y que a lo largo de los años, han venido refinando y especializando sus mecanismos de extorsión en contra de quien llegue a deberles algún dinero.
Es que pareciera haberse elevado a la categoría de delito el incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Parece que desean volver a los tiempos de la antigua Roma, donde las deudas se pagaban con la esclavitud y hasta la vida. De aquí supongo que se desprenden las prácticas inmisericordes de los APC, pues ellos mantienen de por vida las referencias, ya que no creen en los preceptos que sabiamente a identificado la legislación como la prescripción, la caducidad y el término. Es que hasta las sanciones por los delitos más graves tienen una fecha de culminación.
Señores APC"s, seamos justos, no son ustedes ningunos pobresitos ni desamparados jurídicos. La Ley comercial, civil, procesal, e incluso la laboral (pues son ustedes empresarios), está saturada de normas y preceptos que abren a Panamá para la inversión local y extranjera, se crean incentivos por todas partes como la ley bancaria, ni se diga de la ley de financieras y mueblerías con relación a los intereses que pueden cobrar. Ni qué hablar de los beneficios para las compañías de seguros, etc.
Todo está regulado, normado, garantizado, protegido por la ley sustantiva. Y si vamos al proceso, gozan de las garantías reales, personales. ¿Para quién son las bondades de la figura de la hipoteca? ¿Sabe el consumidor qué es la excepción de pago parcial? ¿Para quién es este beneficio legal? ¿Y el proceso ejecutivo, para quién se legisló?. Vemos que todo este enjambre jurídico no es suficiente para que el sistema financiero se sostenga. Ellos necesitan, requieren de más libertad. Libertad que les permita hacer lo que deseen con la vida y el futuro económico y social de las personas que no acepten sus condiciones.
¿Se imagina el lector qué hubiese sido del ser humano y la sociedad si no existieran leyes para reglamentar la conducta humana? . Por ejemplo, ¿cómo andarían los diablos rojos si los inspectores de tránsito no existieran? Supongo que aplastando a la gente por la calle y ya. Pues esto es lo que hacen los APC, pues no tienen nada ni nadie que los regule, que les ponga pautas y al final es una asociación sin fines de lucro (imagínense), que sólo vela, por supuesto, por los intereses de sus asociados. No por gusto son las miles de denuncias que ha venido acumulando la CLICAC en los últimos meses en contra de asociación no cotizante (APC) y que en la mayoría de los casos no se ha podido resolver el justificado demandar del afectado por falta de reglamentación y competencia. No por gusto, tanto CLICAC, como la Defensoría del Pueblo, como incluso la Asamblea Legislativa han escogido este tema para llevarlo a debate y producir una solución para la mejor convivencia social.
Este es un asunto derecho, pues son delicadas las posiciones de ambas partes. Debemos considerar que nuestros gobiernos tradicionalmente han defendido nuestra condición de nación abierta al comercio, las inversiones, la navegación, la banca internacional y esto ha ido en alguna forma olvidando el asunto social y humano que debe privar como interés superior. Se han desarrollado prácticas aberrantes que, con el transcurrir de los años, ahora se pretenden legitimar por parte de quienes siempre se han beneficiado de las bondades del sistema.
Si el sistema ha sido bondadoso con el inversionista financiero en todas sus formas, y los beneficios por ellos acumulados son observables con un simple vistazo, ¿cómo es posible que pretendan más beneficios que los justamente establecidos por la ley? No puede seguírseles permitiendo el aplicar sanciones por sus propias manos sin un juicio justo y sin cumplir con normas de procedimiento. Esto es lo que hace la APC.
Quienes impulsamos y defendemos el proyecto tenemos casos y argumentos de sobra, esperemos que nuestra Asamblea analice este proyecto con altruismo y equidad, ya que los intereses de la contra parte corresponden a sectores económicamente poderosos de nuestra economía, con lo cual tememos que la balanza se incline hacia el mantenimiento de la injusticia e incluso, que procuren sellar nuestras demandas sea como sea.
Solicitamos al pueblo panameño su respaldo, y que se mantenga pendiente en las discusiones de este anteproyecto ley, que no desaparecerá, pero sí reglamentará las actividades dañosas de la APC y sus similares.
En primer lugar, no es este un invento de alguien que sencillamente se ha visto afectado por dicha base de datos o lista negra. Es, pues, el resultado de las nefastas prácticas que se vienen realizando de antaño en perjuicio de los consumidores que se han visto profundamente lesionados por el desconocimiento de las consecuencias que premeditadamente y unilateralmente vienen aplicando con ventaja y alevosía, quienes se esconden detrás del nombre de APC y que a lo largo de los años, han venido refinando y especializando sus mecanismos de extorsión en contra de quien llegue a deberles algún dinero.
Es que pareciera haberse elevado a la categoría de delito el incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Parece que desean volver a los tiempos de la antigua Roma, donde las deudas se pagaban con la esclavitud y hasta la vida. De aquí supongo que se desprenden las prácticas inmisericordes de los APC, pues ellos mantienen de por vida las referencias, ya que no creen en los preceptos que sabiamente a identificado la legislación como la prescripción, la caducidad y el término. Es que hasta las sanciones por los delitos más graves tienen una fecha de culminación.
Señores APC"s, seamos justos, no son ustedes ningunos pobresitos ni desamparados jurídicos. La Ley comercial, civil, procesal, e incluso la laboral (pues son ustedes empresarios), está saturada de normas y preceptos que abren a Panamá para la inversión local y extranjera, se crean incentivos por todas partes como la ley bancaria, ni se diga de la ley de financieras y mueblerías con relación a los intereses que pueden cobrar. Ni qué hablar de los beneficios para las compañías de seguros, etc.
Todo está regulado, normado, garantizado, protegido por la ley sustantiva. Y si vamos al proceso, gozan de las garantías reales, personales. ¿Para quién son las bondades de la figura de la hipoteca? ¿Sabe el consumidor qué es la excepción de pago parcial? ¿Para quién es este beneficio legal? ¿Y el proceso ejecutivo, para quién se legisló?. Vemos que todo este enjambre jurídico no es suficiente para que el sistema financiero se sostenga. Ellos necesitan, requieren de más libertad. Libertad que les permita hacer lo que deseen con la vida y el futuro económico y social de las personas que no acepten sus condiciones.
¿Se imagina el lector qué hubiese sido del ser humano y la sociedad si no existieran leyes para reglamentar la conducta humana? . Por ejemplo, ¿cómo andarían los diablos rojos si los inspectores de tránsito no existieran? Supongo que aplastando a la gente por la calle y ya. Pues esto es lo que hacen los APC, pues no tienen nada ni nadie que los regule, que les ponga pautas y al final es una asociación sin fines de lucro (imagínense), que sólo vela, por supuesto, por los intereses de sus asociados. No por gusto son las miles de denuncias que ha venido acumulando la CLICAC en los últimos meses en contra de asociación no cotizante (APC) y que en la mayoría de los casos no se ha podido resolver el justificado demandar del afectado por falta de reglamentación y competencia. No por gusto, tanto CLICAC, como la Defensoría del Pueblo, como incluso la Asamblea Legislativa han escogido este tema para llevarlo a debate y producir una solución para la mejor convivencia social.
Este es un asunto derecho, pues son delicadas las posiciones de ambas partes. Debemos considerar que nuestros gobiernos tradicionalmente han defendido nuestra condición de nación abierta al comercio, las inversiones, la navegación, la banca internacional y esto ha ido en alguna forma olvidando el asunto social y humano que debe privar como interés superior. Se han desarrollado prácticas aberrantes que, con el transcurrir de los años, ahora se pretenden legitimar por parte de quienes siempre se han beneficiado de las bondades del sistema.
Si el sistema ha sido bondadoso con el inversionista financiero en todas sus formas, y los beneficios por ellos acumulados son observables con un simple vistazo, ¿cómo es posible que pretendan más beneficios que los justamente establecidos por la ley? No puede seguírseles permitiendo el aplicar sanciones por sus propias manos sin un juicio justo y sin cumplir con normas de procedimiento. Esto es lo que hace la APC.
Quienes impulsamos y defendemos el proyecto tenemos casos y argumentos de sobra, esperemos que nuestra Asamblea analice este proyecto con altruismo y equidad, ya que los intereses de la contra parte corresponden a sectores económicamente poderosos de nuestra economía, con lo cual tememos que la balanza se incline hacia el mantenimiento de la injusticia e incluso, que procuren sellar nuestras demandas sea como sea.
Solicitamos al pueblo panameño su respaldo, y que se mantenga pendiente en las discusiones de este anteproyecto ley, que no desaparecerá, pero sí reglamentará las actividades dañosas de la APC y sus similares.
