Las organizaciones sociales y campesinas de la región boliviana de Potosí (suroeste) están divididas en torno al proyecto de acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de Bolivia y Chile sobre el uso de las aguas fronterizas del río Silala, confirmó hoy a Efe una fuente de ese departamento.
El acuerdo entre los Gobiernos de La Paz y Santiago consiste en que Bolivia podrá cobrar a los empresarios del norte del Chile por el 50% del uso de las aguas de la región potosina del Silala, fronteriza con territorio chileno.
El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Celestino Condori, aseguró que la comunidad de Quetena Chico y la Federación Regional de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur aceptan ese acuerdo.
Esa fórmula de pago se aplicará mientras se realice un estudio científico que determine si el Silala es un manantial cuyas aguas se han desviado artificialmente como ha sostenido Bolivia o un río internacional, tal como ha defendido el Gobierno de Chile.
Sin embargo, indicó Condori, las dos organizaciones que están a favor del acuerdo no renuncian "al pago del otro 50%", pero lo aceptan porque en el "largo proceso (de negociación) por lo menos ya hay la voluntad de Chile de pagar por las aguas del Silala".
Según Condori, para estas instituciones "con el solo hecho de que (Chile) esté pagando por estas aguas, estaría reconociendo en realidad que pertenecen a Bolivia".
El presidente del Comcipo indicó que el resto de organizaciones regionales, especialmente las obreras y sindicales, no aceptan los términos del preacuerdo de Santiago y La Paz.
"En primer lugar, debería hacerse prevalecer lo que corresponde a la deuda histórica (ya) que por más de cien años han estado usando gratuitamente las aguas del Silala en el norte chileno y es a lo que no vamos a renunciar", sostuvo.
Asimismo, recordó que las organizaciones regionales pidieron en reiteradas ocasiones al vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, que el acuerdo se negociara "sobre la base del 75% que debería pagar Chile".
Condori adelantó que el miércoles o jueves de esta semana se celebrará un consejo consultivo al que podrán asistir todas las organizaciones sociales potosinas y en el que "seguramente se definirá el rumbo como departamento".
"Nosotros como institución cívica queremos que esta posición salga como una posición de departamento y no de uno u otro sector solamente", dijo.
El dirigente expresó su deseo de que a esa reunión acuda el vicecanciller boliviano para que explique los términos concretos del preacuerdo al que, indicó, los líderes regionales no han tenido acceso.
Por otra parte, el canciller del país, David Choquehuanca, afirmó ayer que el convenio que negocian Bolivia y Chile sobre el Silala pasará por un proceso de socialización antes de ser enviado para su aprobación en la Asamblea Legislativa plurinacional, que se constituirá tras las elecciones de diciembre.
