Organizaciones sociales marcharon hoy por el centro de Buenos Aires para repudiar la represión contra una comunidad toba que reclama tierras en la provincia argentina de Formosa, vecina a Paraguay, donde murieron un aborigen y un policía.
Los manifestantes exigieron que "se castigue" a los responsables del violento desalojo de un grupo de tobas que ocupaba una carretera provincial para reclamar la propiedad de tierras en la localidad formoseña de La Primavera.
La represión de la comunidad toba ocurrió el martes pasado, cuando los indígenas fueron atacados por fuerzas de seguridad formoseñas y se desató un enfrentamiento en el que además hubo varios policías y aborígenes heridos, según denunciaron.
Una treintena de tobas permanecieron detenidos hasta que fueron liberados este jueves a raíz de la presión de organizaciones humanitarias y fuerzas políticas que acusaron al gobierno formoseño de haber desatado la represión sin motivo, en aparente connivencia con terratenientes de la zona.
En un primer momento se informó de la muerte de un policía y dos tobas, pero luego se determinó que uno los aborígenes dado por fallecido está ingresado en grave estado en una sala de cuidados intensivos de un hospital público de Formosa, la capital provincial, donde se atiende a otros dos heridos.
"Nos estamos solidarizando por el asesinato de hermanos tobas de la región noroeste: el Gobierno se llena la boca hablando de los derechos humanos pero no está a la altura de las circunstancias", declaró a Efe Marta Berretta, descendiente de aborígenes mapuches.
La dirigente remarcó el derecho de los pueblos originarios "a la tierra" y exigió que "sean encarcelados los responsables de estos crímenes".
El asunto hace tambalear al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, del Partido Justicialista (peronista), a quien el Tribunal Superior de Justicia provincial le advirtió que estos hechos son de "gravedad institucional", por lo que abrió una investigación del caso.
Mientras que fuerzas políticas opositoras reclaman la renuncia del gobernador, la comunidad toba recibió el apoyo del Defensor del Pueblo, del ente estatal contra la discriminación y de la Secretaría de Derechos Humanos.
