Miles de panameños convocados por organizaciones sociales y sindicales reclamaron hoy en las calles de Panamá la derogación de la denominada "ley camarón", una norma que toca derechos fundamentales y que hoy el presidente Ricardo Martinelli defendió como necesaria y solicitada por organismos internacionales.
Alrededor de 60 organizaciones sindicales y sociales panameñas lograron reunir a varios miles de panameños en una marcha que transcurrió de forma pacífica en demanda de la derogación de la ley 177, apenas 24 horas después de ser promulgada por Martinelli.
La norma, apodada por medios y detractores con nombres como "ley camarón", "langosta", "9 en 1" o "chorizo", fue presentada como una reforma a la normativa de aviación comercial, pero prevé reformas a los códigos Penal, de Trabajo y Judicial, y seis leyes, incluida la orgánica de Policía.
Además, afecta el ejercicio del derecho de huelga, el proceso de investigación a policías y el control ambiental, entre otros muchos aspectos.
"Con sinceridad y con toda franqueza, la 'ley 9 en 1', como le quieran llamar, había cosas que hacer ahí, cosas que nos pedían organismos internacionales, cosas que estaban mal", dijo Martinelli a periodistas sin precisar las peticiones.
La administración de Martinelli defiende que la ley, aprobada el pasado fin de semana por el Parlamento, donde el partido de Gobierno, Cambio Democrático, tiene mayoría, busca activar "catalizadores" para facilitar la inversión pública y sacar adelante proyectos de interés social que son urgentes.
"Sí hubo aquí una premura. No es que no se consultó, (pero) había que hacerlo, y si no lo hacíamos de esa manera hubiera tomado años cambiar los nueve artículos", explicó Martinelli.
Por su parte, las organizaciones manifestantes exigen la retirada de la ley debido a que hace modificaciones a derechos importantes sin consultar con los actores sociales y toma medidas que consideran un atraso en materia laboral y ambiental, por lo que han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre las modificaciones que introduce la ley figuran la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hagan huelga y la contratación de personas para sustituir a quienes la secundan, además de la garantía de la operatividad de las empresas en conflicto laboral.
También contempla la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones y establece la eliminación de la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considere de "interés social".
"Es una movilización que estamos haciendo hoy en rechazo a esa ley aprobada y lógicamente exigiendo que se derogue", indicó a Efe el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Genaro López.
El dirigente sindical afirmó que la de hoy es sólo la primera marcha que se realiza y que va a haber una serie de "actividades tendentes a que esa ley sea derogada".
Anunció que el lunes "se va a presentar la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema" y las organizaciones están estudiando la posibilidad de convocar una huelga general.
La directora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Raisa Banfield, declaró a Efe que la marcha es para mandar "el mensaje" al presidente de que los panameños no se van a dejar imponer leyes que afecten a todos.
En opinión de la activista, "ha habido una imposición gubernamental" al aprobar "un proyecto inconsulto" y advirtió que "no se pueden dar respuestas inmediatas" a procesos que implican desarrollo y afectan a lo social, ambiental y económico.
En ese sentido, manifestó su esperanza de que "el presidente capte el mensaje y retroceda", pero adelantó que en caso de no dar marcha atrás apelarán a las instancias judiciales nacionales e internacionales "porque el tema ambiental y el de derechos humanos no es local (...), es un tema internacional".
