El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, solicitó "formalmente" una auditoría sobre el traspaso en la Dirección General de Ingresos (DGI), donde supuestamente ocurrió un fraude millonario, informó hoy una fuente oficial.
La portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, señala en un comunicado que el presidente Ortega solicitó "formalmente" el pedido una auditoría y que esta debe de realizarla la Contraloría General de la República (CGR), sin mencionar el presunto acto de corrupción sobre el cual la prensa local ha informado desde días atrás.
La nota de prensa, que publica el portal gubernamental El 19, precisa que la Fiscalía de Cuentas debe "entrar a auditar el traspaso de la Dirección General de Ingresos a su actual director, Compañero Martín Rivas Ruiz", que sustituye a Walter Porras Amador, un ferviente seguidor de Ortega, destituido del cargo el mes pasado.
El Semanario Confidencial, El Nuevo Diario y La Prensa han informado sobre el supuesto acto de corrupción en la DGI por 3,1 millones de dólares, con base en un documento que fue filtrado a la prensa local sobre investigaciones realizadas por oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) en la entidad recaudadora de impuestos.
Según las versiones periodísticas, el acto de corrupción se habría realizado durante la administración de Porras Amador en el área de devoluciones de Impuestos al Valor Agregado (IVA) y sobre la renta (IR) a empresas sin cumplir con los procedimientos debidos.
Además, las devoluciones se hacían entregando al contribuyente beneficiado sólo el 40 por ciento de los montos totales, ya que el 60 por ciento restante sería para "el pago de los contactos de la DGI".
Porras Amador ha negado insistentemente estar involucrado en ese escándalo.
La directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, a comienzos de esta semana informó que por instrucciones de Ortega realiza investigaciones en la DGI, siempre sin precisar si son sobre el presunto fraude.
El presidente de la Fiscalía de Cuentas, Guillermo Argüello Poessy, dijo el pasado jueves que por acuerdo unánime de los cinco fiscales de cuentas realizará una auditoría en la DGI, pero sin precisar cuándo comenzará este proceso.
En el comunicado, Murillo también expresa que ratifica "su total respaldo" a la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, y al secretario general del ayuntamiento, Fidel Moreno, "contra quienes se han dirigido campañas de difamación y desprestigio, que pretenden dañar la buena imagen" de la municipalidad.
El comunicado dice que "la Presidencia de la República niega todos los rumores y versiones que malintencionadamente circulan entre políticos de oposición" contra Torres y Moreno, también secretario político de Managua del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según el comunicado, los medios de comunicación se han hecho eco de los rumores y "han conducido y desarrollado campañas mediáticas contra el Gobierno y las Instituciones donde el Pueblo, con el Frente Sandinista, está protagonizando sus Procesos de Restitución de Derechos".
La nota de prensa al parecer sale al paso a la decisión del concejal conservador Luciano García, que el mes pasado solicitó ante la CGR la destitución de Moreno, señalado de supuestos actos de corrupción en la Alcaldía de Managua.
Según el opositor García, Moreno presuntamente firmó 31 cheques que fueron utilizados para extraer de las arcas municipales 3,5 millones de córdobas (unos 157.303 dólares).
El opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aplaudió la decisión de la Policía de realizar una investigación en la Alcaldía de Managua sobre denuncias de que fondos de la municipalidad se utilizan para propaganda en favor del FSLN.
