El Gobierno de Panamá aseguró hoy que los trámites que han llevado a cabo con el fin de abandonar el Parlamento Centroamericano (Parlacen) se han realizado conforme a derecho.
"Los trámites diplomáticos y legales correspondientes a la decisión de iniciar el proceso de retiro formal del Parlamento Centroamericano se han realizado bajo estricto respeto a los principios y las normas del Derecho Internacional que rigen la materia", dijo la cancillería panameña en un comunicado.
El Ejecutivo sale de esta manera al paso del pronunciamiento del pasado miércoles de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en el sentido de que Panamá no puede renunciar al Parlacen porque "no existe procedimiento ni fundamento legal para ello".
"El Gobierno panameño es consciente que la decisión soberana de Panamá no está exenta de manifestaciones y opiniones contrarias, sin embargo, aclara que fue tomada luego de una extensa revisión de los preceptos consignados en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano", prosigue la nota.
Por último, la cancillería reitera la "determinación" del Gobierno panameño de "continuar con el proceso de retiro del organismo regional".
La salida del Parlacen fue una de las promesas de campaña del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que tomó posesión el pasado 1 de julio y considera que este foro es un órgano "inoperante" y "una cueva de inmunidades".
El Gobierno oficializó esta medida el pasado 19 de agosto, cuando el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, notificó el retiro de Panamá al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, sede del foro regional.
La medida no ha sido bien recibida ni por el propio Parlacen ni por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), principal partido de oposición en el Congreso de Panamá.
El Parlacen, creado en 1991, es una organización integrada por 20 diputados de cada Estado miembro; los ex presidentes y ex vicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, y 22 parlamentarios designados por la República Dominicana.
Además, cuenta con la participación, en calidad de "observadores", de los Parlamentos de México, Puerto Rico, Argentina y Taiwán.
