La ciudad peruana de La Oroya, a 185 kilómetros al este de Lima, acató hoy un paro indefinido para pedir la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run, a la que el Gobierno ha negado nuevas prórrogas en su programa de adecuación y manejo ambiental.
Los pobladores de La Oroya, dependientes directa o indirectamente del complejo metalúrgico de capital estadounidense, formaron piquetes desde la madrugada para bloquear la vital carretera central, que comunica a Lima con el centro del país, y al mediodía el tránsito era muy restringido, informaron a Efe fuentes policiales.
Según la comisaría de La Oroya, en el transcurso de la mañana hubo tres personas detenidas que estaban transitando "en actitudes sospechosas", pero después fueron liberadas.
La Policía lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes para limpiar la carretera que había sido cubierta con piedras en un tramo, y negó las versiones periodísticas de que haya cuatro heridos a consecuencia del enfrentamiento.
La masa de manifestantes "sigue ahí" alrededor de la carretera en escaramuzas con la Policía: cuando es dispersada por los agentes, los vehículos logran atravesar la zona lentamente, hasta que regresan de nuevo a la vía, dijeron las fuentes.
Sin embargo, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Luis Castillo, declaró a Efe que la Policía ingresó a las viviendas de los trabajadores en la localidad de Marcavalle lanzando bombas lacrimógenas.
"La situación es bastante difícil, pedimos al Gobierno no provocar a los trabajadores y que se abra el diálogo porque esto a nada bueno va a conducir", agregó.
Castillo se quejó también de que la intervención policial en las casas dejó varios niños "asfixiados y asustados".
El dirigente sindical, que trabaja en Doe Run, informó que las organizaciones sociales de La Oroya convocaron una marcha de banderas blancas que recorrió la ciudad al mediodía para pedir que se evite la violencia y se cumpla con los compromisos medioambientales.
Doe Run suspendió sus actividades hace más de un año debido a los problemas financieros que le impidieron terminar su programa de adecuación y manejo medio ambiental, para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el procesamiento de cobre, que hacen de La Oroya el municipio más contaminado de América.
El Gobierno le dio 10 meses de plazo para culminar con las obras, que termina el 24 de julio, y le flexibilizaron las condiciones financieras, pero la empresa respondió hace unos días pidiendo nuevos requisitos entre los que figuran una modificación en el contrato para proteger a sus accionistas de posteriores demandas judiciales y el pago fraccionado de una millonaria deuda tributaria.
Castillo agregó que los trabajadores han decidido ir al paro como una reacción ante el anuncio del Gobierno de que cerrará la fundición el 24 de julio si persiste en la paralización de actividades.
Rechazó el plan de que los trabajadores de Doe Run sean reubicados en otros centros mineros del centro de Perú porque el trabajo de metalurgia que ellos realizan en la fundición es muy diferente al que se desarrolla en la extracción de mineral.
El presidente de Perú, Alan García, dijo, en declaraciones a los periodistas, que la compañía buscar chantajear al Gobierno recurriendo a la manipulación de sus trabajadores, y conseguir así que el Parlamento les dé más plazos "para que finalmente no invierta ni dé solución al problema de contaminación del medio ambiente".
"Esta es una empresa que ha tenido muchas gollerías (beneficios) con muchas excepciones a lo largo de muchos años", (pero) "si no cumple con presentar los recursos para completar el tratamiento ambiental, entonces la mina y la refinería deben ser cerradas", afirmó.
El jefe de Estado pidió a los trabajadores que "no caigan en el juego de la empresa, ya cayeron una vez, ellos tenían fe en que dándole un año de plazo a la empresa iba a conseguir los recursos, pero ahora vemos que no se ha logrado eso".
No obstante, Castillo respondió al mandatario que en este caso hay " una confabulación del Gobierno y la empresa (...) para dejarnos sin puesto de trabajo y desaparecer los sindicatos".
Doe Run revive en Perú los fantasmas que generan el rechazo a la gran minería
La compañía está hoy en el centro de la polémica después de que sus trabajadores en La Oroya, 185 kilómetros al este de Lima, se declararan en huelga para exigir la reapertura de la planta.
Doe Run Perú, que cuenta con unos 3.000 trabajadores, opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en la región Huancavelica, desde 1998, donde produce principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro.
A partir de la crisis financiera internacional, la minera paralizó el año pasado sus operaciones en La Oroya aduciendo que no tenía recursos económicos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
Antes de esa medida, la empresa había pedido repetidas veces que se postergue el plazo para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Medioambiental (PAMA) en La Oroya, una localidad considerada entre las cinco más contaminadas del mundo.
Aunque la contaminación se originó mucho antes de la llegada de Doe Run, estudios especializados señalan que actualmente el 97% de los niños de hasta seis años tienen en La Oroya niveles elevados de plomo en la sangre y son propensos al cáncer.
Las acciones de grupos ambientalistas y sociales, y hasta la intervención del Tribunal Constitucional, no han evitado que estos índices se mantengan, al punto que se denuncia que la metalúrgica tiene emisiones de plomo once veces más que las del complejo de Doe Run en Herculaneum, Estados Unidos.
Además, en 2008 la prestigiosa revista peruana Caretas reveló que mientras Doe Roe argumentaba problemas financieros para cumplir con sus compromisos ambientales, Ira Rennert gastó 55 millones de dólares en comprar dos exclusivos departamentos en Manhattan.
Las dilaciones y exigencias de la empresa llegaron, al parecer, al tope el pasado fin de semana, cuando planteó una nueva agenda de cuatro puntos que llevó hoy al presidente Alan García a acusarla de querer "chantajear" a las autoridades peruanas.
Ya el ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, había remarcado el último domingo que Doe Run ha incumplido "sistemáticamente" con sus compromisos.
Sánchez dijo que Doe Run ahora pide que el Estado modifique el contrato de privatización de 1997 para "blindar" a sus accionistas y afiliados ante las denuncias sobre responsabilidad ambiental y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.
También que se le fraccione la deuda con el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que supera los 760 millones de soles (262 millones de dólares).
Este pedido fue rechazado hoy por el primer ministro peruano, Javier Velásquez, quien reveló que los abogados de Rennert le plantearon un mecanismo de pago "inadmisible".
"Si debían un millón, pedían un año para pagarlo. Si debían cinco, requerían 5 años. Deben más de 700. ¿Se imaginan en cuántos años quieren pagar sus tributos?", declaró al dar a conocer que la compañía busca pagar su deuda en más de 700 años.
Pero la minera también ha solicitado mayor tolerancia en las exigencias de los estándares ambientales hasta la conclusión del proyecto del Circuito de Cobre y de la Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, que originalmente debieron estar concluidos en 2008.
Doe Run exige, por último, que el Gobierno lo exonere de todas las multas que le ha impuesto el organismo supervisor Osinergmin por incumplir los compromisos establecidos en los últimos diez meses.
Estos nuevos pedidos han colmado la paciencia de las autoridades, al punto que la ex directora general de Minería María Chappuis dijo hoy que el Gobierno no debe "perder más tiempo" en negociar con la firma estadounidense.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), la ex funcionaria consideró que el Gobierno ha sido "muy flexible" con la minera y denunció que la planta de ácido sulfúrico "ni siquiera cumple" con los estándares internacionales de protección ambiental.
"Todas las fundiciones del mundo captan el 99% de dióxido de azufre; la planta que construyen en La Oroya no llega a esa porcentaje. Hasta en eso el Gobierno ha sido flexible", subrayó.
El presidente Alan García pidió hoy a los trabajadores de Doe Run que no caigan "en el juego de la empresa", y recalcó que su Gobierno no puede "ser puesto contra la pared por una empresa que ha incumplido los plazos y las inversiones a las que se comprometió".
García enfatizó que existen otras grandes mineras, entre las que mencionó a Southern Perú, que ha invertido 500 millones de dólares para no contaminar el medio ambiente.
El Gobierno ha prometido no dar marcha atrás y ratifica que cerrará la planta y la someterá a un concurso público si no se reanudan las operaciones antes del 24 de julio.
De darse este caso, también se ofrece un proceso de reconversión laboral para ubicar a los obreros en otros proyectos mineros, aunque estos se niegan a abandonar una ciudad en la que, literalmente, han dejado la vida.
