Las principales patronales agropecuarias de Argentina amenazaron hoy con boicotear los festejos oficiales por el Bicentenario si el Gobierno no comienza a dar soluciones a los problemas del campo.
En un acto en la ciudad bonaerense de Coronel Pringles, al suroeste de Buenos Aires, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, pidió que el campo se movilice el 25 de mayo, cuando está previsto el grueso de las celebraciones por los 200 años de la Revolución de Mayo, antecedente de la Independencia del país.
"Salgamos a la calle a recibir el Bicentenario en cada rincón del país, embanderando las casas y los autos", dijo Llambías ante unos 2.000 productores.
En un duro discurso, el dirigente rural sostuvo que los problemas del sector, enfrentado desde 2008 con el Gobierno de Cristina Fernández, no se solucionan "repartiendo algunas migajas a los productores".
"Antes decíamos que éste era un Gobierno anticampo, pero nos damos cuenta de que es un Gobierno antipaís", destacó antes de indicar que muchos funcionarios "desconocen la realidad argentina".
Carlos Garetto, presidente de Coninagro, coincidió con Llambías al señalar que "se ha impuesto la políticas de las migajas, con subsidios y ayudas que no significan nada al lado de todo lo que el sector de esta región ha aportado como retenciones".
El acto de hoy es de "reclamo directo hacia el Gobierno", afirmó, y alertó que las autoridades han ido a la zona rural a "otorgar dádivas y aportes vergonzosos, comparado con lo que el campo aportó en los últimos cinco años".
Por su parte, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, acusó al Gobierno de "robar el patrimonio (del campo) para sumirlo en la humillación del clientelismo" y solicitó "retenciones cero" para el maíz, el trigo, el sorgo, el girasol y las economías regionales, así como una "sensible" reducción para la soja.
La protesta de hoy siguió al cese de comercialización de ganado vacuno que el sector rural lideró la semana pasada en rechazo a la política oficial hacia este mercado.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el sector rural data de comienzos de 2008 y ha derivado en cerca de una decena de huelgas comerciales.
El conflicto se desató por un esquema móvil de impuestos a las exportaciones de soja, maíz, girasol y trigo, que finalmente quedó sin efecto después de no ser convalidado por el Legislativo.
