El Gobierno peruano reiteró hoy que planteará junto a Brasil y Colombia una redefinición de la política de defensa de derechos humanos, que lleva adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que Perú fue denunciado por un caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En una presentación ante el Congreso nacional, el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, dijo que "los abusos que viene cometiendo la CIDH forman parte de críticas serias de países amigos como Brasil y Colombia, que han llevado a la formación de un grupo de trabajo, al interior del Consejo Permanente de la OEA".
Valdés agregó que Perú también buscará establecer la "definición de una nueva política de derechos humanos ante la CIDH, buscando la revisión de sus métodos de trabajo, conjuntamente con otros Gobiernos amigos".
"Esto en clara relación a los últimos procesos y denuncias que ha hecho la Comisión contra el Estado peruano", apuntó el jefe del gabinete.
La CIDH ha demandado al Estado peruano ante la CorteIDH por el incumplimiento en la búsqueda y sanción de los responsables por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas tras el rescate militar de 71 rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1997.
Valdés subrayó que el Gobierno ha expresado su "más enérgico rechazo" a la decisión de la CIDH de demandar a Perú ante la CorteIDH porque "todos los comandos que actuaron en la operación Chavín de Huántar son considerados héroes por todos nosotros".
La denominada operación Chavín de Huántar fue organizada por las fuerzas armadas durante el entonces Gobierno de Alberto Fujimori y concluyó con el rescate de 71 de los 72 rehenes del MRTA, además de la muerte de dos comandos, un rehén y los 14 secuestradores.
Valdés declaró que "no se puede abrir un proceso ante una jurisdicción internacional, cuando aún existe uno abierto en el país y que ya está en su fase final", en referencia al largo proceso abierto en 2002 que se sigue contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el ex jefe del Comando Conjunto Nicolás Hermoza, entre otros responsables militares.
El primer ministro añadió que si la Corte declara procedente la demanda contra el Estado peruano, se ejercerá una defensa con "decisión, eficacia y energía", de modo que no se afecte los derechos y libertades de los comandos.
De otro lado, Valdés se refirió a la demanda planteada por Perú en 2008 contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para fijar sus límites marítimos.
El jefe del gabinete dijo estar seguro de que el pronunciamiento de la Corte será favorable a su país por la "contundencia de nuestros argumentos", pero añadió que "cualquiera fuera el resultado, respetaremos la decisión siguiendo la tradición del Perú de ser un fiel cumplidor de los compromisos asumidos".
El proceso en La Haya ingresará este año a su etapa oral, luego de la cual los magistrados estarán listos para emitir su fallo, lo más probable a partir del 2013.
