El Estado peruano tiene 320 demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría por terrorismo, que representan las peticiones de 10.303 personas, según informó hoy el ministro peruano de Justicia, Víctor García Toma, ante el Congreso.
De ese total, sólo 35 están en la etapa de fondo -el resto está en "etapa de admisibilidad", explicó el ministro, según reportó la agencia estatal Andina.
García Toma detalló que 127 casos son por terrorismo, de los cuales hay 30 por supuestos abusos al debido proceso, 21 por presunta desaparición forzada y ejecución extrajudicial y 18 por supuestas transgresiones contra la vida, integridad física y tortura, entre otros.
Además, hay dos demandas por temas medioambientales e indígenas que involucran a 67 personas de comunidades nativas.
En la actualidad, el Estado peruano tiene 25 sentencias que permitieron declarar oficialmente como víctimas a 2.077 personas, mientras que las reparaciones económicas impuestas por esos fallos ascendieron a 30,9 millones de dólares.
El ministro aclaró que el Estado peruano ha pagado 22,6 millones de dólares del total de las reparaciones impuestas, cifra que generó el rechazo de varios sectores políticos por considerar que se pagó a terroristas confesos, como la estadounidense Lori Berenson.
García Toma confirmó que el Estado tiene nueve sentencias por demandas impuestas por Berenson, vinculada al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y otros procesados por terrorismo por irregularidades en los juicios abiertos en su contra en Perú.
Ayer, en una sesión judicial para revisar la libertad condicional otorgada a Berenson en mayo pasado, ésta pidió perdón a los peruanos e hizo mención expresa de arrepentimiento por haber colaborado con el grupo terrorista, delito por el que cumplió 15 años de cárcel.
Berenson había solicitado derecho a la palabra para dejar clara cuál era su actitud, después de que el Procurador Especial para el terrorismo, Julio Galindo, pusiera en duda públicamente su arrepentimiento en una rueda de prensa el pasado viernes.
La estadounidense dejó claro ante todo que ella nunca se vio implicada en delitos de sangre y no fue dirigente y ni siquiera militante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, sino que fue condenada por "colaboración" con ellos.
