La petición de una mujer que padece cáncer para que se le permita interrumpir su embarazo para poder recibir el tratamiento médico adecuado ha causado un gran revuelo en Nicaragua, donde el aborto terapéutico está perseguido penalmente.
La polémica ha quedado abierta con la solicitud de la hermana de una mujer que padece cáncer y tiene diez semanas de embarazo de que se interrumpa el proceso de gestación de la paciente, únicamente identificada como Amalia.
La petición fue publicada hoy por el diario local La Prensa, pero las reacciones no se hicieron esperar y el ministro nicaragüense de Salud, Guillermo González, declaró a los periodistas que una comisión gubernamental de médicos ya está estudiando el caso.
"Lamentablemente, parece que hay intereses políticos detrás de esto", advirtió González, sin dar más detalles, al anunciar que no opinarán sobre este asunto hasta que la comisión de especialistas brinde el informe y sus "decisiones técnicas.
"En su momento daremos las explicaciones sobre este caso", dijo el ministro del Gobierno de Daniel Ortega, que en 2006 penalizó el aborto terapéutico en Nicaragua.
Actualmente hay varios recursos de inconstitucionalidad contra esta norma en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que los magistrados del alto tribunal no han resuelto aún.
Según la prensa local, la hermana de Amalia, acompañada por directivos de la ONG Grupo Estratégico contra la Penalización del Aborto Terapéutico, planteó el caso ante la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que calificó esta situación como "dramática y dolorosa".
La paciente, que tiene una hija de diez años de edad, se halla ingresada en un hospital estatal de León, 90 kilómetros al oeste de Managua, donde, según su hermana, aún no ha comenzado a recibir tratamiento contra el cáncer.
El médico Óscar Flores, de Grupo Estratégico contra la Penalización del Aborto Terapéutico, afirmó que Amalia padece de un "cáncer metastásico diseminado en todo el cuerpo de la paciente, problema que se agrava por la presencia del embarazo".
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, anunció en declaraciones publicadas por la prensa local que ya ha recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación de la mujer, a la que acompañarán en este caso.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha pedido a la CIDH medidas cautelares a favor de Amalia "para que el Estado (nicaragüense) garantice el acceso adecuado a los servicios de salud de calidad con el fin de asegurar el tratamiento efectivo que necesita la paciente".
Fuentes del Cenidh informaron hoy a Efe de que este caso será planteado ante la magistrada de la CSJ Alba Luz Ramos por directivos del Grupo Estratégico contra la Penalización del Aborto Terapéutico.
Según la hermana de Amalia, ante la petición de interrumpir el embarazo que le han hecho a la jefa de obstetricia del hospital de León, ha respondido que no lo pueden hacer porque es algo que está penado por la ley.
De acuerdo con Flores, "urge que la Corte Suprema resuelva" los recursos de inconstitucionalidad contra la prohibición del aborto terapéutico.
