La defensa de los familiares de las víctimas de la matanza de Accomarca, en la que 69 personas murieron presuntamente a manos de militares en 1985, pidió hoy a la justicia peruana acelerar la extradición desde Estados Unidos de Telmo Hurtado, considerado el principal responsable del crimen.
La abogada Karin Ninaquispe, que representa a los deudos de los fallecidos en el juicio sobre los hechos que comenzó el pasado noviembre, señaló hoy a Efe que la Corte Federal de Miami (EE.UU.) habría denegado el recurso contra la extradición presentado por Hurtado, exmayor del Ejército, en el país norteamericano.
De este modo, Hurtado, prófugo desde 2002 en Estados Unidos, donde vive en una casa de 1,2 millones de dólares pese a que debe pagar aún 37 millones de reparación a las víctimas, tendría ya agotados los recursos judiciales para evitar la extradición.
"Desde noviembre (cuando la justicia estadounidense concedió la extradición solicitada por Perú) Hurtado tenía un plazo para interponer un recurso de revisión, que se realizó pero que, según nuestra información, ya ha sido denegado", explicó Ninaquispe.
Por ello, la abogada anunció que solicitará a la justicia peruana que reclame a través de los mecanismos de cooperación judicial entre países la entrega del exmilitar.
Ninaquispe agregó que también solicitarán a la Fiscalía de la Nación que inicie el proceso de entrega.
La abogada realizó estas declaraciones luego de que hoy se suspendiera la exposición de los alegatos de la defensa en la sala encargada de juzgar a los responsable de la matanza de Accomarca.
La sesión fue reprogramada para el próximo 17 de febrero luego de que no se presentara en la sala uno de los acusados, que no pudo llegar a Lima a consecuencia del cierre por un derrumbe de la carretera central, que comunica la capital con las regiones centrales de Perú.
El 11 de agosto de 1985, días después de que Alan García iniciara su primer Gobierno, una patrulla militar presuntamente asesinó a 62 pobladores, entre ellos ancianos, mujeres y niños, de Accomarca, en la región sureña de Ayacucho, bastión del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Según las versiones de los sobrevivientes, Hurtado ordenó a sus soldados que dispararan contra los pobladores, tras lo cual detonaron con granadas las viviendas y las incendiaron y, por último, festejaron allí mismo con bebida y bailes el operativo.
Días después los militares asesinaron a otras siete personas que presenciaron los hechos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Hurtado ya fue sentenciado en 1992 por la justicia militar a seis años de prisión por abuso de autoridad, pero tres años después se acogió a la Ley de Amnistía del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
En 2005 la Fiscalía formalizó una denuncia contra Hurtado y otros 28 militares por homicidio calificado y desaparición forzada, y pidió penas de hasta 25 años de cárcel y el pago total de 14 millones de soles (cinco millones de dólares) para las víctimas.
