Un grupo de expertos reclamó hoy al Gobierno peruano un "mensaje claro" a favor de los derechos humanos que permita orientar las políticas públicas y superar las secuelas del conflicto interno que sufrió Perú entre 1980 y 2000.
En el marco del séptimo aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el ex secretario ejecutivo de ese organismo, Javier Ciurlizza, explicó que si el Gobierno no tiene un mensaje claro a favor de los derechos humanos, el resto del aparato estatal creerá "insignificante" incluirlos en los presupuestos o en la agenda política.
En una rueda de prensa, Ciurlizza lamentó que el presidente peruano, Alan García, no hiciera mención a este tema en su pasado discurso de Fiestas Patrias, a finales de julio, si bien reconoció que el mandatario ha respaldado la creación de un Lugar de la Memoria y las reparaciones colectivas para las víctimas.
Ciurlizza, que actualmente es director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) para América, consideró que en el plano formal Perú ha avanzado en la difusión del informe de la CVR y de los lugares dedicados a la memoria, aunque en su opinión aún falta un debate nacional sobre el conflicto que sirva para reforzar el vínculo entre los ciudadanos y el Estado.
Tras criticar a quienes ponen en duda los trabajos de la CVR, que cifró en más de 69.000 los muertos o desaparecidos de la violencia política, el experto recordó que la pobreza y la desigualdad de las comunidades dramatizó la violencia desencadenada por la acción del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Según la Comisión, Sendero Luminoso estuvo detrás del 54% de dichas muertes, mientras que un tercio fue atribuido a "agentes del Estado" (policía y militares).
A pesar de la "amenaza real" que constituyen los remanentes senderistas en zonas cocaleras de Perú, Ciurlizza comparó la situación del país con la que se vive en Colombia o Centroamérica, donde grupos terroristas han reconvertido sus estructuras hacia la delincuencia y el narcotráfico.
En el terreno de la Justicia, calificó de "logros" los juicios penales a responsables como el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), pero alertó de los casos pendientes y de una falta de colaboración de la Fiscalía, con tendencia a invocar la prescripción de los delitos, y del Ministerio de Defensa, cuando no facilita los nombres de militares acusados de violaciones de derechos humanos.
Además, el director del ICJT destacó que los capítulos del informe menos desarrollados siguen siendo los relacionados con el derecho a la identidad, la educación y la salud mental.
Por su parte, el experto en Reparaciones del ICJT Cristián Correa afirmó que si el Registro Único de Víctimas establecido por el Ejecutivo cuenta con un número suficiente de identificados ya se pueden fijar las reparaciones individuales, pese a que el Gobierno ha decidido postergarlas hasta concluir con el registro, en 2011.
A su juicio, no se trata de dar dinero a las víctimas "a cambio de impunidad", sino que la reparación debe ser tanto simbólica como material, como parte del reconocimiento expreso del Estado, que no protegió a las víctimas e incluso violó sus derechos directamente.
Además, Correa tildó de "confusión" que el Gobierno vincule las deudas que deben pagar los condenados por terrorismo con las compensaciones individuales de las víctimas, puesto que -dijo- el Estado está obligado igualmente a dar compensaciones.
Sonia Paredes, otro de los miembros del ICJT, indicó que el programa de reparaciones colectivas está beneficiando a más de 1.500 comunidades de doce regiones, aunque recalcó que persiste la brecha entre las zonas rurales y urbanas del país.
