Las abogadas de Juan y Macarena Gelman pidieron hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que Uruguay investigue los crímenes de la dictadura, en los alegatos finales de la audiencia sobre su caso, en la que el Gobierno defendió su actuación.
Con ello terminaron dos días de testimonios en torno al destino de la madre de Macarena y nuera de Juan, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, secuestrada por agentes argentinos y enviada clandestinamente en 1976 a Uruguay, donde dio a luz.
"El Estado no cumple con un deber tan básico como investigar delitos de lesa humanidad de los que fue responsable", dijo a los magistrados Liliana Tojo, abogada de los Gelman.
En nombre del Gobierno, Carlos Mata dijo que Uruguay cuenta con una democracia y un Estado de derecho "que son un ejemplo para la región y para el mundo", y defendió su actuación en este caso, que demuestra "que el Estado uruguayo no ha sido omiso en esta situación".
Apuntó que hubo una Comisión de la Verdad, que emitió un informe en 2003 que incluyó el caso Gelman, y que hay una investigación judicial abierta al respecto, después de que Tabaré Vázquez lo eximiera de la Ley de Caducidad cuando era presidente.
El abogado del Estado también señaló que el Gobierno "está en condiciones de negociar con las víctimas" la otorgación de reparaciones.
En cambio, los letrados de los Gelman aseveraron que la causa abierta en Uruguay, comenzada en 2008 por una demanda de Macarena, no ha arrojado ningún dato adicional sobre dónde podrían estar los restos de su madre y quiénes son los responsables de su desaparición, más allá de lo averiguado por la familia.
Macarena, que sólo conoció su verdadera identidad en 2000 tras ser contactada por Juan Gelman, dijo el lunes durante su testimonio ante la Corte que en los dos años que el proceso lleva abierto la Fiscalía ni siquiera la ha citado a declarar.
Sus abogados exigieron al Gobierno de Uruguay que divulgue los documentos de la dictadura que están en manos del servicio de inteligencia de la Policía y que adopte "una política proactiva de acceso a la información", en palabras de Viviana Krsticevic.
También solicitaron que se derogue la Ley de Caducidad, que Krsticevic tildó de "ley de amnistía", la cual impide el encausamiento de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, como también reclamó hoy en la audiencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió el caso de los Gelman a la Corte.
La ley fue refrendada por los ciudadanos en plebiscitos en 1989 y el año pasado, pero la Suprema Corte la declaró inconstitucional hace dos semanas.
La Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley para derogarla, como recordó Mata en la audiencia, aunque en el Senado el Gobierno no cuenta por ahora con los votos para aprobar la propuesta legislativa, porque algunos parlamentarios oficialistas han dicho que se oponen a ella.
En la audiencia, Mata aseveró que "el Estado uruguayo reconoce la violación de los derechos humanos" de María Claudia García y Macarena Gelman, y admitió que durante la dictadura el Estado cometió torturas, desapariciones y homicidios.
Los abogados de los Gelman exigieron que el Gobierno vaya más allá de esa declaración y que dedique los recursos y la voluntad política a investigar realmente qué pasó con María Claudia.
Se espera que la Corte emita un dictamen en febrero o marzo del próximo año.
