La Procuraduría General de Colombia solicitó hoy condenar de manera póstuma a siete guerrilleros del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) y a una rebelde de la misma organización, quien se encuentra desaparecida, por la matanza en el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.
Un comunicado difundido este martes por la Procuraduría (Ministerio Público) considera que "se cumplen los presupuestos procesales y probatorios para declarar la responsabilidad penal de los miembros del M-19 acusados por el holocausto del Palacio de Justicia".
El Ministerio Público concluyó que "estaba probada la culpabilidad" en el asesinato y graves heridas que sufrieron los celadores del edificio tras la irrupción intempestiva y violenta del grupo armado ilegal el 6 de noviembre de 1985.
Añadió que, con las pruebas, el juez debe dictar "sentencia condenatoria" contra los guerrilleros "por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio", tras la declaración de "hecho imprescriptible", como determinó el Tribunal Superior de la capital colombiana en torno a ese caso.
La Procuraduría solicitó la condena en contra de los rebeldes fallecidos en la operación de retoma de la edificación judicial Alfonso Jacquin Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra, Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, Israel Santamaría, Luis Francisco Otero Cifuentes, Rafael Arteaga Giraldo y Remberto Artunduaga Palomares.
También contra Irma Franco Pineda, una de las once personas desaparecidas tras la retoma del Palacio por parte de los militares y vistas con vida por numerosos testigos tras ser sacadas de la edificación.
La Procuraduría colombiana señaló que los hechos del Palacio de Justicia, que dejaron más de un centenar de muertos, "son considerados por el Estatuto de Roma como de lesa humanidad".
Asimismo, la Procuraduría lamentó "la tardía respuesta de la administración de justicia", que trajo como consecuencia la prescripción de las conductas de rebelión, secuestro, hurto agravado y uso de documento público falso "que se habían acreditado oportunamente contra los procesados".
El M-19, que había nacido en 1974, suscribió acuerdos de desarme y desmovilización con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, cuando se convirtió en la Alianza Democrática M-19 (ADM-19), que posteriormente se fusionó con el Polo Democrático Alternativo (PDA), actualmente la mayor formación de la izquierda en Colombia.
