Los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura chilena (1973-1990) solicitaron hoy a la Corte Suprema que le entregue mayores atribuciones al juez Carlos Gajardo que investiga casos de falsos detenidos.
La diputada derechista Karla Rubilar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa rama legislativa, denunció la semana pasada tres supuestos casos de desaparecidos falsos y tras comprobarse que se trataba de víctima verdaderas, admitió que los datos provenían de un libro que escribió el encarcelado general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de la dictadura.
En medio de presiones de diversos sectores sobre Rubilar para que renuncie al cargo en la Comisión, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió que el juez Gajardo investigue la participación de Contreras en el caso.
Específicamente, pidieron que la justicia verifique si existe una operación de inteligencia tramada desde la cárcel por Manuel Contreras con la ayuda de colaboradores que podrían estar enquistados en el Congreso Nacional.
Además, insistieron en que se establezca quién realmente le entregó los antecedentes sobre supuestos falsos casos de detenidos desaparecidos a la diputada Rubilar, y se le sancione "por haber jugado con el dolor de las víctimas" de la dictadura.
Rubilar ha dicho que los antecedentes se los entregó el abogado Diego Gómez, a quien señaló como amigo de correligionarios de su partido Renovación Nacional (RN), a quien abogados de derechos humanos identificaron después como colaborador y miembro del equipo que defiende al general Contreras.
Contreras está en la cárcel, sentenciado a dos cadenas perpetuas y a otras penas que suman más de 200 años de cárcel, por violaciones a los derechos humanos y siempre ha sostenido que los desaparecidos no existen.
Según el militar, que fue el brazo derecho de Augusto Pinochet en los primeros años de la dictadora, los crímenes que se atribuyen al régimen son falsedades levantadas por el marxismo internacional o fueron cometidos por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), interesada en desestabilizar al Gobierno militar.
La situación, en tanto, ha originado una pugna en la opositora Alianza por Chile, ya que mientras la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente pide que Karla Rubilar renuncie a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el partido Renovación Nacional la defiende.
En este marco, el Gobierno dio por cerrado el tema de fondo, pero emplazó al candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, a pedir disculpas al país "ya que él apoyó a su diputada Rubilar", según señaló el portavoz de La Moneda, Francisco Vidal.
