El proyecto de ley que busca modificar la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional se suma, tras el veto del Ejecutivo, a la lista de asuntos pendientes que tendrá que abordar el Órgano Legislativo en 2027.
Aunque la iniciativa fue aprobada en tercer debate antes de que concluyera el periodo de sesiones ordinarias con el propósito de evitar que su discusión coincidiera con las reformas al Código Electoral, ambos temas volverán a encontrarse en la agenda legislativa el próximo año.
El mandatario José Raúl Mulino, en la nota de objeción enviada a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, argumentó que el proyecto es inexequible porque altera el criterio planteado inicialmente por el Tribunal Electoral al unificar los distritos de Bugaba y Tierras Altas, obviando que el primero puede, según la cantidad de electores, constituirse como un circuito autónomo.
Las modificaciones, a su juicio, deben sustentarse, como establece la Constitución, en criterios técnicos y objetivos que consideren los cambios demográficos y garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de representación proporcional, integración territorial, cociente electoral y reagrupación; por ello, devolvió el documento al Legislativo a fin de que realice los cambios pertinentes.
La decisión del Ejecutivo abrió un nuevo frente de confrontación entre las bancadas.
Deben sustentarse, como establece la Constitución, en criterios técnicos y objetivos, subraya la nota de objeción enviada a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas.
La decisión de Mulino abrió un nuevo frente de confrontación entre las bancadas. El diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), responsabilizó a los panameñistas de lo ocurrido, afirmando que actúan en función de sus propios intereses.
No obstante, Jorge Herrera salió al paso de los cuestionamientos, asegurando que el ajuste a la normativa obtuvo el voto de la mayoría del pleno, no solo de los miembros de su colectivo.
Los magistrados del Tribunal Electoral, hasta el momento, no se han pronunciado sobre la objeción presidencial ni el debate generado a lo interno de la Asamblea.