Eduardo Ulloa: debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez

El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, aseguró en sus 14 meses al frente de la institución tuvo que trabajar con sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez.

"Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña, lo que obliga a adoptar decisiones que evidencien esta realidad y que nos lleven como país de una manera seria y responsable a la búsqueda de la transformación del sistema de tal manera que el mismo responda al clamor de justicia de nuestra sociedad", escribió en la carta de renuncia.

La renuncia de Ulloa se da en medio de medio de una serie de escándalos del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, entre ellos los que rodea instituciones como la Senniaf y el Mides por casos de albergues.

Ulloa también argumentó que  a él y sus familiares le tocó lidiar con una sociedad en permanente confrontación, en donde la crítica interesada y el juzgamiento mediático deja atrás el análisis sereno y objetivo del trabajo que se realiza, lo que hace del servicio público una labor ingrata e incomprendida.

"La vida familiar que por años llevamos se vio trastocada, el tiempo en familia se redujo, y nuestra paz y tranquilidad emocional se vio alterada", manifestó.

El procurador aseguró que se siente satisfecho de haber cumplido con el trabajo encomendado por la Constitución y la Ley, y que espera que su renuncia contribuya a la reflexión de todos los panameños con miras a trabajar en procura de un mejor país y de alcanzar los objetivos que como Nación todos buscamos.

Dicha renuncia 'irrevocable' se hará efectiva a partir del 1 de marzo.

Ulloa asumió el cargo el pasado 2 de enero de 2020.

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El nombramiento de Ulloa se hizo para completar el período de cinco años -desde el 2 de enero de 2020 hasta el 2 de enero de 2025- que quedó vacante tras la renuncia de la exprocuradora  Kenia Porcell.