De acuerdo con información obtenida, dichos funcionarios no fueron obligados por el excontralor Federico Humbert a presentar dicho informe.
Juan Carlos Varela, expresidente Panamá.
Un 65% de los funcionarios del Órgano Ejecutivo durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela no presentó su informe de bienes patrimoniales.
Una fuente confirmó que dichos funcionarios no fueron obligados a cumplir con este requisito que es exigido por la Constitución Nacional y tampoco fueron sancionados por el excontralor Federico Humbert.
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El artículo 304 de la Constitución Política vigente señala que el presidente, vicepresidente, magistrados, procuradores, directores o jefes de entidades autónomas, funcionarios públicos de manejo, conforme al Código Fiscal, deben presentar al iniciar y concluir sus funciones una declaración jurada de sus bienes patrimoniales. La cual deben hacerla mediante escritura pública, en un término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo e igual término después de la separación de dicho cargo.
Recientemente, la Contraloría General de la República detalló que a siete meses de que comenzó la actual administración gubernamental se le suspendió el salario a un grupo de funcionarios, porque no ha presentado su declaración jurada de bienes.
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La entidad aclaró que solo es el 5% de los funcionarios quienes tienen suspendidos su sueldo, aunque no específico su identidad ni qué rango tienen dentro de la administración gubernamental del presidente Laurentino Cortizo.
Para el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, una de las funciones del contralor general por ley es velar porque todos los funcionarios cumplan con rendir dicho informe de bienes patrimoniales al terminar de ocupar un cargo público.'
304
artículo de la Constitución que obliga a estos funcionarios a presentar este informe.
5%
de los funcionarios del actual Gobierno no han presentado su informe de bienes.
"No puede permitirse un relajamiento u omisión en ese formalismo, porque no podríamos saber los miembros de la sociedad panameña la forma en que ese funcionario ingresa y sale del Estado, y su situación económica", enfatizó el jurista, quien agregó que esa sería una forma de orientar al pueblo sobre si dicho funcionario vivió del salario a través el cargo desempeñado o no.
El exvicepresidente del CNA agregó que los tiempos han cambiado y muchas de las personas que han ocupado cargos públicos no demuestran sus nuevas fortunas al terminar el mandato, algo que es inconsistente con lo generado en un determinado puesto en el Estado.
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"En estos tiempos hay fundaciones, sociedades anónimas y testaferros que custodian esos dineros obtenidos de actos irregulares que le hayan generado un ingreso superior al salario y al de académico", puntualizo el abogado.
Para que este tipo de cosas no se sigan repitiendo, Fraguela manifestó que deberían establecerse controles que vayan más allá del periodo por el cual un funcionario fue contratado.
"Deberían establecerse los controles para que una persona que labore para el Estado con mando y jurisdicción demuestre de qué vive durante los próximos 10 años después de su salida del cargo", agregó.
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Por su parte, el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, advirtió que el hecho de que estos funcionarios no hayan presentado su informe de bienes patrimoniales es una clara violación a la Constitución Nacional, la cual conlleva una sanción, ya que eso es un delito que debe ser investigado y sancionado por las autoridades.
Bernal agregó que los nombres de estas personas que no han presentado dicho informe patrimonial deben hacerse públicos, ya que era su responsabilidad hacerlo una vez terminaron sus funciones.
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