Iniciativa legislativa podría ayudar a que la justicia alcance a 'Nito' y 'Gaby'

El clamor de justicia de la ciudadanía finalmente podría ser escuchado a través de una iniciativa legislativa que obligaría a las autoridades a fiscalizar el uso de fondos públicos durante la pandemia de la covid-19.

Mientras miles de panameños estaban encerrados en sus hogares, el Ejecutivo, liderado por Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, efectuó varias contrataciones irregulares que hasta la fecha no tienen justificación porque los involucrados se niegan a rendir cuentas y las investigaciones del Ministerio Público (MP) avanzan con lentitud, pero esto podría cambiar con la aprobación del anteproyecto de ley No. 59.

La propuesta, presentada por la diputada Grace Hernández, busca que se auditen los recursos y bienes públicos utilizados durante el Estado de Emergencia decretado a través de la resolución No. 11 del 13 de marzo del 2020, para que se compruebe si hubo o no malversación de fondos y quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Según Hernández, el objetivo principal de este anteproyecto es que se haga justicia para que los panameños dejen de asumir y conozcan lo que sucedió en la pandemia, ya que, el desfalco de quienes, en ese momento, ostentaban el poder está perjudicando el desarrollo de carreteras, escuelas, programas de ayuda social, entre otros.

"El problema más grande que tiene nuestro país es la impunidad, aquí la gente piensa que puede hacer lo que le da la gana porque nunca le pasa nada", dijo a Panamá América, afirmando que su propuesta busca que esto cambie.

Aunque, hasta el momento, ninguno de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se ha referido al tema, Hernández está segura de que el anteproyecto no ha sido de su agrado, ya que, podrían estar relacionados con los posibles involucrados en este delito.

A la pasada administración se le causa de supuestamente usar los recursos del Estado para favorecer a sus allegados a través de contrataciones directas y costos elevados, en términos legales, atentar contra la administración pública, sin tomar en cuenta la crisis sanitaria y financiera que atravesaba el país.

Dicha falta de empatía, a juicio del analista político Juan McKay, debería ser suficiente para que el MP y la Contraloría General de la República agilicen las investigaciones por estos supuestos malos manejos que datan de abril de 2020. "Yo no creo que tenga que hacerse una ley para que se haga un audito", aseveró.

McKay señaló que ya existe una normativa que obliga al contralor a fiscalizar y controlar el gasto público, por lo tanto, si la anterior administración no ejecutó esta acción, la actual debería hacerlo.

Entre los escándalos más sobresalientes de la administración Cortizo está la construcción de un hospital modular registrado a precios diferentes, en el Municipio de Panamá tenía un monto de $3.7 millones, y en la Contraloría estaba facturado a $6.9 millones, es decir, más de $3 millones de diferencia.

Asimismo, pensaban adquirir un total de 100 ventiladores a $49 mil cada uno cuando su precio en el mercado era de $5 mil, una variación de más del 50% del precio real del producto.

Los ciudadanos, sea mediante leyes o no, exigen a las autoridades mayor celeridad en las investigaciones para que haya un precedente contra quienes atraquen las arcas del Estado.