La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó una querella por prevaricación en contra de una jueza que favoreció al ex presidente Alfonso Portillo, en el caso de corrupción que se sigue en su contra.
La CICIG dijo hoy en un comunicado que la jueza Leticia Valenzuela, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, cometió los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, al acceder, el pasado 19 de mayo, a la petición de Portillo para que esa comisión de las Naciones Unidas quedara fuera de la investigación en su contra.
"La jueza deliberadamente excluye a la CICIG sin argumento, sin motivación, sin darle la oportunidad de esgrimir sus argumentos en la audiencia", señaló hoy esa comisión de las Naciones Unidas en un comunicado de prensa.
En su fallo, Valenzuela argumentó que la CICIG no puede investigar al ex mandatario, porque éste no tiene ninguna vinculación con cuerpos ilegales de seguridad ni aparatos clandestinos.
La CICIG, que es dirigida por el jurista español Carlos Castresana, tiene como objetivo investigar a las mafias y al crimen organizado que se han incrustado en las estructuras del Estado para promover la impunidad.
Portillo, que gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, es acusado por la Fiscalía de los delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 15,5 millones de dólares durante su administración.
Según la CICIG, la jueza Valenzuela obstruyó la justicia de forma intencional, al no permitirle presentar las pruebas incriminatorias en contra del ex gobernante sobre su presunta participación en grupos criminales.
El pasado 16 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala había rechazado "por improcedente" un amparo solicitado por Portillo para evitar la investigación de la CICIG.
Según fuentes de la Fiscalía guatemalteca, la CICIG cuenta con medio centenar de pruebas de diferentes tipos para respaldar la acusación en contra de Portillo.
La CICIG también investiga a 32 militares retirados, entre ellos cuatro ex ministros de la Defensa, por el desvío de 905 millones de quetzales (unos 113 millones de dólares) del presupuesto del Ministerio de la Defensa durante la administración de Portillo.
Este caso, en el que también es investigado el ex mandatario, se ventila en otro tribunal.
