Dos presuntos miembros del grupo militar encubierto Colina, acusado de múltiples asesinatos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), fueron liberados el martes pasado y actualmente se desconoce su paradero, informaron hoy fuentes oficiales.
Si bien la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) había alertado hoy de la inminente liberación, esta ya se había producido la semana pasada, señalaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) al portal en Internet del diario El Comercio.
La medida fue ordenada por la Primera Sala Penal Anticorrupción al haberse cumplido el plazo de 72 meses sin acusación fiscal contra los detenidos Ángel Arturo Pino Díaz y Douglas Arteaga Pascual, quienes abandonaron el penal limeño de Lurigancho y la cárcel de reos primarios de San Jorge, respectivamente.
Los dos habían sido detenidos por su presunta participación en la masacre de Barrios Altos, de 1991, en la que murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años.
A Pino se le implicó, además, en las muertes de seis campesinos y la ejecución de una familia en las localidades norteñas de Pativilca y Huaura, en 1992.
Los crímenes del grupo Colina han llevado al banquillo de los acusados al ex presidente Fujimori, quien actualmente está siendo juzgado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un periodista y un empresario.
Antes de confirmarse la liberación, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, declaró a Efe que Pino y Arteaga llevaron a cabo "una estrategia de dilación para quebrar (frustrar) el juicio" y tuvieron una actitud destinada a obstruir el proceso, a pesar de las pruebas de su participación en las actividades del Colina.
La presunta vinculación de ambos con el grupo militar encubierto fue confirmada por otros miembros del escuadrón en los procesos paralelos que lleva a cabo la Justicia peruana por los crímenes cometidos.
Aunque otros ex integrantes del Colina también han superado los 72 meses sin acusación ni condena por estos casos, la mayoría ha sido implicado en el crimen de la universidad La Cantuta, donde murieron 10 personas en 1992, y tienen otra investigación en curso.
Aprodeh advirtió que cualquier hecho o atentado contra los testigos o deudos no solo será responsabilidad de los excarcelados, sino también del fiscal que, pese a todas las pruebas acumuladas, no procedió a denunciarlos.
