El gobernador boliviano Mario Cossío, del departamento sureño de Tarija, se convirtió hoy en el primer líder regional destituido en una ofensiva del presidente Evo Morales contra dirigentes opositores a los que no pudo derrotar en las urnas en abril pasado.
La asamblea de Tarija, dominada por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y dos partidos afines, suspendió esta madrugada a Cossío y designó como gobernador interino al oficialista Lino Condori, confirmó a Efe el diputado opositor Adrián Oliva.
"Es un hecho inconstitucional, ilegítimo e injusto, y marca una línea de conducta que se ha dado en otros departamentos y se ha concretado en Tarija", agregó Oliva, aludiendo a la suspensión de cinco alcaldes opositores en los últimos meses y las demandas contra otros dos gobernadores promovidas por el oficialismo.
La sesión para la destitución de Cossío fue suspendida varias veces el miércoles, por presiones de seguidores del gobernador y de él mismo, que comenzó una huelga de hambre para tratar de frenar lo que calificó de "golpe de Estado centralista y autoritario".
Según medios locales, Cossío levantó la huelga de hambre tras votarse su destitución, pero el Comité Cívico de Tarija ratificó un paro general de 48 horas en apoyo al gobernador.
Cossío fue destituido porque, según el oficialismo, debe responder a un juicio inducido por el MAS por supuestas irregularidades en la compra de asfalto, lo cual él niega.
El dirigente opositor fue reelegido en abril pasado gobernador de Tarija -donde están el 85% de las reservas de gas de Bolivia- con el 49% de los votos, frente al 44% del partido de Morales.
El MAS ganó entonces los comicios regionales y municipales, pero perdió tres de las nueve gobernaciones y las alcaldía de las siete mayores ciudades del país.
La oposición denuncia que Morales, apoyado en un control irregular de fiscalías y juzgados, promueve las demandas contra sus rivales para eliminar en los tribunales a quienes no pudo derrotar en las urnas, empeño en el que ya han caído cinco alcaldes.
El MAS se apoya en la ley de Autonomías promulgada por Morales en julio pasado, que permite suspender a las autoridades electas que tengan acusaciones judiciales, supuestamente para que se defiendan sin prerrogativas.
Oliva lamentó que en Bolivia se viva en "una democracia aparente" porque, según dijo, "existe un problema de orden institucional que ha sido creado de forma deliberada para ir consumando todos estos hechos".
Por su parte, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, a quien un juez acusó ayer de un supuesto daño económico al Estado cuando presidía el concejo municipal de la ciudad (2006-2010), dijo hoy a medios locales que se trata de una "persecución" contra quienes "no piensan igual que el Gobierno".
"Hay una utilización parcializada de la Justicia que está buscando dañar a quienes no piensan como el Gobierno", agregó Revilla, ex aliado de izquierda de Morales.
