Campesinos amenazan con paralizar construcción de carretera en Almirante

Para mañana miércoles 11 de agosto, a primeras horas de la mañana, unos 150 campesinos han amenazado con paralizar la construcción de la carretera Chiriquí Grande-Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.
Los campesinos reclaman la indemnización de los bienes destruidos a través de los terrenos por donde se construye la importante vía, cuyo principal cometido será comunicar vía terrestre la provincia de Bocas del Toro con el resto del país.
Los quejosos señalaron que las propiedades afectadas son los árboles maderable y frutales, así como las cercas de los terrenos, casas y demás. Denunciaron que éstas han sido trastocadas con el paso de las obras y es precisamente lo que reclaman los campesinos, puesto que hasta el momento se les adeuda sus bienes.
El jueves pasado, varios campesinos obstruyeron el paso por la vía durante varias horas, como un preámbulo de las acciones más severas a tomar, así lo manifestó Pedro Ibáñez, presidente del Comité denominado "Causa Justa", el cual agrupa a residentes de por lo menos ocho comunidades aledañas a la construcción.
Los manifestantes revelaron que el problema inició en 1997 cuando las primeras maquinarias marcaron la trocha que más adelante se convertiría en una moderna carretera de 69 kilómetros y B/.70 millones de inversión.
Agregaron que se les presentaron los antecedentes al Ministerio de Obras Públicas (MOP), que participaron en una reunión el pasado domingo, convocada por los campesinos y donde se les anunció la decisión de cerrar la carretera a la altura del río Uyama.
De la reunión participaron además Luis Poveda, como representante de Constructora Urbana (CUSA), empresa que construye la carretera; Samuel Bins, legislador del área; y el director regional del MOP, entre otras autoridades.
El vocero agregó que los tranques se podrían dar en otros puntos de la vía y solamente se dejarán pasar las ambulancias, patrullas y bomberos. Añadieron que la medida se prolongará hasta las últimas consecuencias, pues se teme que luego de entregada la administración por el actual gobierno, el entrante desatienda las demandas, o por lo menos prolongue la fecha de pago.