En Chiriquí se han presentado al menos unas 300 denuncias de ilegalidades en la entrega de cupos o certificados de operación para el transporte selectivo, situación que ha provocado serios problemas, que inclusive se calificaría de caos.
Abdiel Sánchez, vocero de las concessionarias, explicó que en estos momentos en la ciudad de David, sus compañeros están atravesando severos problemas económicos, ya que al menos hasta la fecha circulan 1,599 transportes selectivos.
Sánchez calculó las pérdidas en varios millones de dólares dentro del sector, lo que se evidencia con las empresas concesionarias que están atravesando problemas económicos.
Mientras que el transporte colectivo goza de más tranquilidad, aunque se escuchan especulaciones que se otorgaron una serie de certificados para la ruta David - Boquete por motivos de la construcción del camino ecológico.
La Chorrera.- Mientras que en cinco años de gobierno arnulfista, se introdujeron en La Chorrera con el aval de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), un total de 132 certificados de operaciones, los cuales fueron calificados por los gremios taxistas como "políticos"; en tanto que a pocos días de finalizar el actual gobierno "existe un fuerte bola" de la autorización de otros tantos.
Para el presidente del Sindicato Unión de Conductores de Taxis y Transportes de La Chorrera, Andrés Sánchez, los taxistas están peleando por el "afrecho" y no soportan nuevos certificados de operación, máxime cuando la ley establece que solo se concede con el aval de todas las concesionarias.
En octubre del 2001 una comisión de este gremio taxista acordó llevar el tema de los "cupos políticos" ante la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que afecta a quienes verdaderamente se dedican a la actividad.
Para esa fecha se conoció de la introducción de los 132 certificados de operación, los cuales sería distribuidos entre Sindicato Unión de Conductores de Taxis y Transportes de La Chorrera y Transporte Generales S.A., ocho de estos cupos ya venían con nombres propios.
Un año más tarde, miembros del Sindicato Unión de Conductores de Taxi y Transportes Comerciales de La Chorrera, realizaron una caravana hacia las instalaciones de la Dirección Regional de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Panamá Oeste y posteriormente hacia el Municipio de la Chorrera, para demandar el retiro de 71 taxis, que se encontraban prestando servicio de forma ilegal.
Bocas del Toro.- En la provincia de Bocas del Toro, hay cinco organizaciones transportistas entre las que se han asignado un total de 464 certificados de operación, de estos 250 son para taxis, 160 para buses, 44 para colegiales y 10 para taxis de ruta interna, la cifra refleja la actualización hasta el 3 de junio del año 2003.
Estas organizaciones son: el sindicato de Conductores de Taxis y Vehículos Comerciales (SINCOTAVECOP), Selectivo Bocas, Taxi 25, Unión de Buses Panamericanos y Cooperativa Urraca.
Roberto De Gracia, secretario general del Sindicato de Conductores Taxis y Vehículos Comerciales (SINCOTAVECOP), dijo que actualmente la prestación del servicio no es el negocio que antes representaba ventajosas entradas económicas, esto es debido a la gran cantidad de certificados de operación otorgados en los últimos años por los gobiernos de turno.
Agregó De Gracia, que el gobierno saliente, pretende introducir 30 nuevos cupos, uno de estos ya está circulando en la Isla Colón con el número de identificación 1T 252. Tal situación ha generado reacciones.
Tanto así, que durante los días lunes 23 y martes 24 del actual mes, 31 transportistas del lugar decidieron suspender el servicio a manera de protesta.
Tras las presiones se logró una cita con el director general del Tránsito y fue entonces cuando se levantó la acción.
Los Santos.- El transporte en la provincia de Los Santos marcha normalmente, al menos así lo asegura el dirigente Elpdio Delgado, al sostener que no se ha visto afectada por el otorgamiento de cupos.
"En los últimos cinco años no hemos tenido problemas en ese sentido, pero cuando nos enteramos de que llegarían 16 nuevos cupos para el transporte selectivo nos pusimos en pie de alerta y mantuvimos conversaciones con el director de Tránsito de la provincia, Ramiro Bravo, ... todo se quedó quieto y solo entró uno", recuerda Delgado.
En la provincia no existe una sola dirigencia transportista que los aglutine y de donde emanen las decisiones, sino que cada piquera (20 en total) trabaja por su lado, pero a pesar de ello no están dispuestos a permitir más cupos.
Además, cuentan con más de 70 en el transporte colectivo, aproximadamente.
En el distrito de Arraiján las denuncias recaen en altos funcionarios de gobierno, muchas veces vinculados con el sector transporte, acusados en la polémica por los cupos políticos.
Estas personas estratégicamente presionan para la aprobación de más certificados de operación en componendas con dirigentes de junta directivas de las prestatarias, muchas veces con la excusa de aumentar unidades para la prestación de un servicio más eficiente y por la gran demanda de usuarios.
En consulta a las cuatro prestatarias del servicio selectivo de Arraiján Sindicato de Trabajadores de Taxis de Vista Alegre (SITRATAVA); Sindicato Unido Amado Céspedes de Arraiján cabecera; Sociedad de Taxistas de Transportes Generales de Vista Alegre S.A. localizada en Chapala y Sociedad de taxis Lupita con sede en Vista Alegre, coinciden que estas malas prácticas quedaron en el pasado.
Jaime Blandón, presidente de la Sociedad de Transporte Generales, asegura que los renombrados cupos políticos en la práctica no se dan a pesar que la sociedad funciona dentro de los parámetros de un sistema empresarial donde se le exige el pago de prestaciones laborales a los trabajadores del volante.
El dirigente transportista confesó que existen compromisos políticos cuando se aprueban más cupos en consenso de las 4 prestatarias y se hace recomendaciones que son avaladas por el gremio, otras rechazadas o simplemente se trata de negociar, pero jamás se imponen por influencias.
Blandón hizo énfasis que la solicitud de cupos se debe aprobar en consenso entre las cuatro prestatarias, de lo contrario cualquiera petición sin el aval debe ser rechazada por la Autoridad de Tránsito.
En sus declaraciones, analizó que en Arraiján existen un total de 300 unidades de transporte selectivo que son suficientes para prestar el servicio a una población de 176 mil 570 habitantes, cifras actualizadas en un estudio técnico reciente.
Pero Valentín Cruz, secretario general de la sociedad Lupita Vista Alegre, discrepó con la cifra de la cantidad de unidades que prestan el servicio selectivo en el distrito, toda vez que sostiene que hay más de 400 unidades, lo que es un balance suficiente.
La Unión de Taxis de Río Hato, afiliada a la concesionaria Guacamaya S.A. inició operaciones en 1999 con 8 taxis, ahora en el 2004 un nuevo lote de 8 certificados llegan a esta zona de trabajo, pero avalados por la concesionaria de Antón TRANSA, obviando el estudio previo que determine el aumento y sin consulta con la concesionaria principal que ampara a los taxistas operarios.
Estos enviaron a la Presidenta de la República una carta apelando y solicitando una investigación al respecto pero nunca se les respondió, mencionó Iris Estela Raíz, presidenta de la concesionaria de Río Hato.
En Penonomé, operan tres concesionarias de taxis, Sindicato Guacamaya, Cooperativa Zaratí y Sociedad Guacamaya que al año 1999 no llegaban a 100 unidades operando transporte selectivo, pero inesperadamente aparecieron 15 cupos, que obligó a los taxistas a refutarlos, pero al final se les otorgó 15 a cada una sumando a 45 más en la zona de la ciudad de Penonomé.
En Aguadulce, donde los casos calificados de negociados encubiertos es más patéticos, lo denunció Evaristo Ledezma, presidente de RATASA, cuando una solicitud formal de 11 nuevas unidades en mayo de 2002, se incrementó en 6 unidades de más que no había solicitado.
Al indagar sobre esta situación se percató que le habían falsificado la firma en otra carta de solicitud de cupos de fecha 6 de agosto de 2002, donde están implicados Noriel Guevara y Franklin Pérez con respaldo presuntamente de influencia política y complicidad de funcionarios de la ATTT.
Otro caso es el de Pedro Díaz, palanca quien sostiene que fue estafado por la compra de un certificado de operación por la suma de B/3,500.00.
Diomedes Castilla: “Si llegan a otorgar más cupos, tanto selectivos como colectivos, afectarían al sector porque primero se tiene que hacer un estudio del requerimiento de nuevo transporte”.
Ciro Ibarra, apoderado judicial de Radio Taxi Aguadulce SA : “He intervenido de cerca con relación al manejo de la emisión ilegal de cupos en la zona urbana de Aguadulce”.
Edith Méndez: “Pienso que hay suficientes taxis en las rutas hacia Empalme y Finca seis (Bocas del Toro), sin embargo, hay otras rutas que no cuentan con la cantidad de vehículos y sabemos que es por las malas condiciones de las carreteras”.
Sixto Vargas: “Con el afán de servir mejor al usuario, puede ver que ya casi terminamos la construcción del nuevo terminal (Bocas del Toro) cuyo costo es de casi 2 millones de dólares. Hacemos un llamado al gobierno para que nos arregle la red vial”.
Ricaurter Mendoza: “Mucho de los cupos que están circulando se dieron de forma ilegal y hay que ser más enérgicos al momento de aplicar las sanciones”.
Abelardo Aguilar: “Los cupos políticos no traen nada bueno para los transportistas, además de sólo llenar un cometido político, siendo los mismos otorgados por cuestiones meramente políticas”.
