Una familia de seis integrantes permanece junta y lucha sin desfallecer para superar las barreras, pese a sufrir una precaria situación socioeconómica. Una de las peores frustraciones que actualmente sufre esta familia, es que tienen una orden de desalojo a punto de ser ejecutada por el Ministerio de Vivienda (MIVI).
En un proceso legal, mediante la resolución 092001 del 30 de abril del 2001, que lleva la firma del ministro y vice ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas y Gerardino Batista respectivamente; el MIVI resolvió cancelar la asignación provisional del lote N° 2Q-14 localizado en el sector 2, calle Chiriquí, Barriada 2000, áreas revertidas de Arraiján, adjudicado al señor Carlos A. Cruz.
Según el documento, sin contemplación y obviando un recurso de reconsideración en contra de la resolución interpuesta por el afectado padre de cuatro infantes, el MIVI resolvió cancelar la asignación del lote a los ocupantes.
El MIVI, por orden de las máximas autoridades, despojó del terreno a los actuales beneficiarios y reasignaron la parcela a favor del señor Orlando Manuel Guerra González, quien deberá garantizar a los afectados el pago de la casa con las mejoras existentes en el lote, de acuerdo con un avalúo realizado por los técnicos de la institución.
La decisión de desalojo se acredita en una serie de inspecciones y citaciones realizadas en el lugar por funcionarios de las Oficinas de Enlace, donde se pudo comprobar que Cruz y su familia no ocupaban la vivienda, incumpliendo así con el compromiso de asignación provisional que obliga a residir en el lote permanentemente con su cuadro familiar.
No obstante, el afectado considera injusta la medida impuesta por el MIVI y la intención de pretender lanzarlo a la calle con sus cuatro niños y esposa, cuando es el único techo con que cuentan.
Recuerda un poco nostálgico que toda su infancia la vivió en ese lugar, ya que su padre le traspasó los derechos de la parcela y construyó una vivienda improvisada de madera y zinc con mucho esfuerzo, luego con la ayuda de sus progenitores, levantó una vivienda de bloques.
"Me siento muy triste; todos los días salgo a realizar mis camarones para tratar de llevar el pan de cada día a mi humilde hogar, pero el sólo pensar qué voy a hacer me desespera; estoy confundido", exclamó el afectado.
Según Cruz, el evalúo realizado por los técnicos del MIVI determinó la cantidad de B/.1,037, pero en su poder cuenta con las órdenes de facturación y mano de obra, con lo que el inmueble asciende a ocho mil dólares.
Según el joven, su precaria situación económica no le permite pagar un abogado y lo más lamentable es que los funcionarios de las oficinas de enlace, a cargo de Yolanda de Medina, se basan en los argumentos de algunos moradores del área, quienes lo acusan de abandonar el lote.
Añade que recurrió a la Defensoría del Pueblo para buscar ayuda y la institución, en su respaldo por la injusticia cometida en contra de una familia en precarias condiciones, elevó una resolución al ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas.
El padre de familia afectado sostiene que está dispuesto a luchar por su casa hasta las últimas consecuencias, por el amparo y bienestar de sus infantes, por lo que las autoridades tendrán que sacarlo muerto del lugar, ya que está decidido a entregar su vida por sus hijos. Además, siempre ha tenido presente que en un país democrático la justicia social debe prevalecer sobre la ley.
