El remate anunciado por un banco privado por un monto que alcanza los B/.1 millón 53 mil por la Finca Santa Ana, es la mayor preocupación de los residentes de este lugar, quienes solicitan al Gobierno la intervención para que se les pague su pasivo laboral que la empresa aún les adeuda.
Erick Fidel Santamaría, viceministro de Desarrollo Agropecuario, como parte de la comisión que busca resolver este problema social, explicó que el Gobierno nacional hizo el esfuerzo de una concertación para evitar que el proceso de lanzamiento se llevara a cabo, pero tomando en cuenta el respeto de la seguridad jurídica del país.
Una situación que lleva cinco años y se ha convertido en un problema muy crítico, se trata de familias que están viviendo en la extrema pobreza sin ningún tipo de recurso económico para hacerle frente a sus necesidades y se mantienen sobreviviendo con el cultivo de la tierra.
Agregó el funcionario que el fin es evitar que estas familias queden en una situación caótica sin tener un techo donde refugiarse y sin dinero para salir adelante y por el hecho de ser panameños van a darles una respuesta y el lanzamiento se suspende hasta que haya alternativas viables.
Por otro lado, se presenta la cruda realidad frente al inicio de la temporada de clases, donde los padres no tienen absolutamente nada para mandar a sus hijos a la escuela, de tal manera que el viceministro se comprometió a llevar uniformes y útiles escolares a esta región.
En tanto, el alcalde de Alanje Carlos Justavino, indicó que le pareció la mejor alternativa de evitar el lanzamiento, porque como autoridad es testigo de las condiciones paupérrimas que atraviesan estas familias.
Sin embargo, los trabajadores señalaron que ellos están dispuestos a salir inmediatamente se le paguen su pasivo laboral que en algunos casos alcanza hasta 23 años de servicio, de lo contrario permanecerán en estas tierras.
Emérito Chacón como trabajador manifestó que ellos esperan que les paguen todos sus años de servicio, donde entregaron toda una vida a una empresa que al final se dio por quiebra.
No obstante, asesoría legal del MITRADEL, confirmó que en esta entidad no reposa ningún documento de demanda en contra de la empresa, por parte de los trabajadores.
Al comenzar la crisis en la Finca Santa Ana, en el 2001 habían laborando entre jornaleros y administrativos 151 trabajadores.
El pasivo laboral de estos trabajadores alcanza los B/.504 mil 237.
En el 2006, han quedado viviendo en las casas de la empresa 33 familias que tienen orden de lanzamiento.
Los trabajadores tienen más de 40 hectáreas de plátano en plena producción y una cantidad superior sembradas.
Las familias viven en condiciones paupérrimas.
