El alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, ordenó ayer el desalojo de terrenos nacionales en La Chorrera, ocupados por más de 300 familias invasoras.
Precaristas se disputan cerca de nueve hectáreas, próximas al hospital Nicolás A. Solano. Foto de Miriam Lasso
Mientras el alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, ordenó ayer el desalojo de terrenos nacionales en La Chorrera, ocupados por más de 300 familias invasoras, la ministra de Salud, Rosario Turner, solicitó una revisión de lo actuado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) sobre las tierras que hasta 2018 pertenecían al hospital Nicolás A. Solano.
La orden de desalojo fue entregada a Luis Aguilar, representante legal de las familias, que desde hace varios meses ocuparon los terrenos tras conocerse la Resolución AMG-084-2019, que adjudicaba 2 hectáreas con 9,843 metros cuadrados a favor de Francisco de la Cruz Montero.
El cambio de uso y administración de los terrenos por parte de la Anati, propició un reparto ilegal que mantiene enfrentadas a entidades como el Ministerio de Salud, el Municipio de La Chorrera y un grupo de invasores que reclaman derecho posesorio sobre las mismas, ubicadas en Playa Leona, Panamá Oeste.
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A juicio de Aguilar, lo actuado por la Alcaldía de La Chorrera raya en la ilegalidad, cuando en la Anati yace la solicitud de un globo de terreno de aproximadamente 9 hectáreas para uso habitacional.
La titular de Salud solicitó reunirse la próxima semana con la Anati, para abordar la realidad sobre el uso y administración de los terrenos.
Calificó como una "determinación unilateral" la decisión de reducir las hectáreas del hospital, que tiene planes de expansión y la construcción de un centro materno infantil.'
La Autoridad Nacional de Tierras (Anati) remató 2 hectáreas con 9,843 metros cuadrados adyacentes al hospital Nicolás A. Solano, a 4.5 dólares el metro cuadrado al ciudadano Francisco de la Cruz Montero.
Los trámites para quitarle el terreno calificado de lote baldío de la nación al hospital Nicolás Solano iniciaron en la gestión de Carlos González, exadministrador de la Anati y colaborador cercano del expresidente Juan Carlos Varela.
La polémica por el uso y administración de los terrenos, que a mediados de 1931 fueron donados al nosocomio por la familia Icaza y pertenecían a la finca 9050 de 190 hectáreas, surgió en 2018, luego que la Anati admitiera como válidas las certificaciones de De la Cruz, bajo dudosas declaraciones juradas de terceros ante la Notaría Sexta, a cargo de Carmen Hernández.
El diputado Roberto Ayala también solicitó al Ministerio Público actuar con mano firme en contra de exfuncionarios y no descartó que haya involucrados testaferros.
Los terrenos que actualmente ocupa el hospital supera las 61 hectáreas y fueron transferidos el 17 de enero de 2018, bajo la resolución ADMG número 37 de Anati.
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Sobre este tema, también pesa una denuncia penal por delito contra la administración pública en perjuicio de la nación, presentada por un grupo de residentes en La Chorrera.
En tanto, el abogado de los invasores no descarta actuar legalmente contra la orden municipal, al considerar que hubo extralimitación de funciones.
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