El desconocimiento del contrato de arrendamiento de tierras que mantiene el Estado panameño con la empresa Bocas Fruit, Ltd., podría dejar sin vivienda a por lo menos 100 familias de trabajadores bananeros.
El contrato de arrendamiento existe desde 1976, pero fue modificado y prorrogado a 20 años por el contrato Ley No. 13 de 1998, con lo cual actualmente son más de 6,000 hectáreas las arrendadas.
Al momento de celebrarse el nuevo contrato, el Estado, en calidad de arrendador, acoge la obligación de no disponer de dichas tierras a favor de terceros.
Según nota lograda por El Panamá América, las obligaciones antes descritas han sido violentadas porque son varios los lotes que se han otorgado a terceros, que poseen derechos posesorios y hasta títulos de propiedad, aun cuando éstos quedan dentro de los límites establecidos en el contrato de arrendamiento.
Agrega el documento firmado por Adrián Guzmán, gerente de la Bocas Fruit Ltd. y por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Bananeros y Afines (SITRABANA), Abel Beker, que ambas partes acordaron en la Convención Colectiva la construcción de 100 viviendas para los trabajadores de la división por parte de la transnacional.
Actualmente los trabajos han sido suspendidos, prácticamente, por órdenes de las autoridades municipales y de la Reforma Agraria. La posición de las autoridades en mención está creando un serio problema social, pues por medio del proyecto se busca minimizar el hacinamiento que se da en algunas casas donde habitan hasta 15 personas.
La nota enviada a la primera mandataria de la República, Mireya Moscoso, sugiere acciones correctivas por medio de las cuales se logre garantizar el fiel cumplimiento del contrato y se solicita además, la intervención de los ministerios de Comercio e Industrias y de Vivienda.
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