PANAMÁ
La semana pasada, el Consejo Municipal solicitó a la ACP presentar la documentación legal que sustenta su solicitud de exención del impuesto de construcción.
Según el equipo técnico de la ACP la empresa se encuentra lista para iniciar la construcción del nuevo puente que reemplazará al existente, el cual implica un riesgo para los usuarios. Foto. Eric Montenegro
El Municipio de La Chorrera y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se mantienen enfrentados tras la solicitud de exención de pago del canon municipal de construcción presentado por la ACP por las obras de ampliación y mejoras a la planta potabilizadora de Mendoza.
El planteamiento de exoneración surge con base en los artículos 4, 5, y 43 de la Ley 19 del 11 de junio de 1997, de la ACP y en los artículos 315 y 316 de la Constitución Nacional.
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En julio de 2024, una comisión de la ACP detalló al Consejo Municipal de este distrito el alcance del proyecto, que abarca además las obras en la potabilizadora, la construcción de un puente sobre el río Caño Quebrado y un vado provisional a un costo de $56,903,269.34.
Para la realización de todo el proyecto, la ACP se llevó a cabo una licitación, tras la cual adjudicó la obra al Consorcio ETAP Mendoza, el 16 de enero de 2024, y la orden de proceder, el 14 de febrero de 2024.
Según el equipo técnico de la ACP la empresa se encuentra lista para iniciar la construcción del nuevo puente que reemplazará al existente, el cual implica un riesgo para los usuarios.
La semana pasada, el Consejo Municipal solicitó a la ACP presentar toda la documentación legal que sustenta su solicitud de exención del impuesto de construcción, tras lo cual se tomaría una decisión con respecto al permiso municipal de construcción.
Por su parte, el tesorero municipal, Kleber Delgado, reiteró que, una vez, presentada la documentación solicitada por el Consejo Municipal, elevará una consulta a la Procuraduría de la Administración, sobre el tema de la exoneración.
En 2012, cuando también fungió como tesorero, Delgado presentó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre el pago del impuesto de construcción por las obras de la planta potabilizadora de Mendoza financiadas por la ACP.
En esa fecha, la Procuraduría de la Administración favoreció a la ACP al indicar que no se trataba de una obra comercial o residencial, requisito indispensable para hacer efectivo dicho cobro.
Los cálculos preliminares del departamento de Ingeniería Municipal apuntan a que el impuesto a pagar sería de aproximadamente 1 millón 60 mil dólares.
Por parte de la ACP se comunicó al Municipio de La Chorrera que, de realizar el proceso de consulta, ello podría causar atrasos considerables al cronograma de realización del proyecto.
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