PANAMÁ
Los ediles esperan que en la renegociación para la concesión del puerto de Cristóbal se logren mayores beneficios directos para la provincia de Colón.
Los concejales acordaron que la Comisión Marítima e Industrial del Consejo Municipal realice una reunión a fin de pronunciarse públicamente sobre este tema.
En el 2022 vence el contrato con Panamá Ports Company y el Estado podría sentarse en una mesa de renegociación automática del contrato por unos 25 años, siempre y cuando la empresa cumpla con sus obligaciones básicas.
Ante este panorama se ha generado un fuerte debate entre los ediles de la provincia de Colón, quienes en su reciente reunión han manifestado su preocupación, ya que consideran que por espacio de 23 años los colonenses no se han visto económicamente beneficiados con esta empresa que administra el puerto de Cristóbal.
El representante del corregimiento de Nuevo San Juan, Iván Tejada, precisa que “es preocupante que esta compañía se le haya exonerado el pago de impuestos municipales”.
Tejada sustenta que “bajo estas circunstancias debe darse una negociación de cara al pueblo, para que cada colonense sepa a ciencia cierta que tipo de planes tiene la compañía para aportar a la economía de la provincia que por años se ha visto duramente golpeada”.
“Esperamos que el presidente de la república Laurentino Cortizo al momento de renegociar la extensión de la concesión portuaria logren que la empresa deje mayores aportes a la costa atlántica”, sentenció Tejada.
Por su parte, Rogelio Burke, presidente de la Comisión Marítima e Industrial del Consejo Municipal de Colón, advirtió que el problema no es solo con la empresa que administra las zonas portuarias, son todos los puertos que se han instalado en Colón.
Destaca que “estos grupos económicos no le han dado una respuesta directa al distrito de Cristóbal y tampoco cumplen con una responsabilidad social que beneficie a la población”.
“Nos dejan migajas, en comparación a los millones que han desarrollado desde que se ubicaron en el distrito”.
Además, “estamos investigando toda la situación laboral de los trabajadores del sector portuario y la realidad de los aportes económicos que pudieran haber hecho a la comunidad y no es muy halagador lo que hemos encontrado”, señaló Burke.
Los concejales acordaron que la Comisión Marítima e Industrial del Consejo Municipal realice una reunión a fin de pronunciarse públicamente sobre este tema.
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El pasado 17 de febrero se conoció que el ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, envió una carta a Panama Ports Company, y está a la espera de una contestación, para la revisión del contrato que mantiene el Estado con esta empresa.
La misiva surgió luego que una auditoría de la Contraloría General de la República al contrato de PPC y el Estado, reveló que de los $91 millones que le correspondían a Panamá en dividendos por los 23 años que lleva la empresa en el país, el Estado solo ha recibido $8 millones.
Por otro lado, el ministro aclaró que PPC ha aportado $1,700 millones en infraestructuras, y cerca de $450 millones al fisco.
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