Incertidumbre en Chiriqu Grande ante el posible cierre de la PTP

Luego de cinco meses de que se registrara el derrame de crudo en la Laguna de Chiriquí Grande, según algunos residentes el corregimiento está próximo a transformarse en un "pueblo fantasma".
Esta comunidad se ha convertido en centro de atención de ambientalistas, autoridades, abogados y de medios de comunicación, ya que las protestas y demandas no dejan de ser noticias en la provincia, donde siguen las posiciones encontradas sobre el tema.
Con el derrame que se produjo el 4 de febrero, varias comunidades aledañas se vieron afectadas, al no poder realizar su pesca de subsistencia, por la contaminación de las aguas de la Laguna de Chiriquí Grande. Además no se ha divulgado, por parte de expertos y autoridades, la magnitud que ha alcanzado, cuánto va a durar la afectación y cuál es la estrategia que se puede implementar; existen demandas en contra de la empresa Petroterminal de Panamá, S.A.
Ante esta situación, se ha dado una división entre los moradores de algunas comunidades, ya que unos no están de acuerdo con la posición del otro grupo que forma parte de la demanda.
Aun así se aprecia todavía en algunos puntos que fueron afectados, que continúan las labores de limpieza y monitoreo por parte de la empresa PTP S.A. También se observa en algunos puntos de la bahía, a los pescadores artesanales y buzos de Chiriquí Grande, que continúan realizando sus faenas diarias de pesca para el consumo y venta.
Un residente de la comunidad de Piña, quien pidió reserva de su nombre por temor a represalias, indicó que algunos seudos dirigentes se han dedicado a la tarea de prohibirles la pesca y buceo, pero que ellos continúan vendiendo lo que produce el mar, ya que es el único medio de subsistencia para su precaria situación económica.
Santiago Smith indicó que es una irresponsabilidad de las autoridades locales, al no emitir aún un informe detallado a la comunidad en general sobre esta situación, para poder hacer un balance y ver cómo podemos lograr en conjunto una solución a esta situación, que nos tiene inmersos en una incertidumbre.
Maritza Gutiérrez, residente de la comunidad de Chiriquí Grande, señaló que no me parece una buena salida esta demanda que le pusieron a la empresa PTP, S.A., porque pone en peligro los empleos de muchas personas. Con esta actitud, lo que se va a lograr es condenar a Chiriquí Grande a convertirse en un pueblo fantasma, porque va a haber mucho desempleo y muchos negocios se van a ir a la quiebra.
Por su parte, Esteban Quintero, supervisor general de la terminal en el sector atlántico de Petroterminal de Panamá (PTP), expresó que la empresa siempre ha estado anuente a ayudar a los afectados y a asumir su responsabilidad; se continúa con la vigilancia en las áreas donde se dio el derrame junto con las autoridades.
Quintero dijo que están a la espera de los informes que el Gobierno debe presentar para proceder con lo que indiquen, que debe ser la responsabilidad de la empresa ante este hecho.
Que la paralización de las operaciones, a causa del secuestro, ha traído pérdidas cuantiosas, y que diariamente pierde 100 mil dólares. Esto también está afectando al comercio y a los presupuestos de los gobiernos locales, además, sienta un precedente nada positivo para la industria en Panamá.
Oscar López, gerente de Proyectos de Petroterminal, manifestó que la bahía de Chiriquí Grande está limpia en un 99% y las actividades de pesca, a pesar de que se menciona que no se debe pescar en este sitio, los lugareños la continúan desempeñando normalmente.
"Nos sentimos sumamente satisfechos con el esfuerzo que ha realizado toda la empresa, con sus trabajadores y parte de la comunidad, que también ha trabajado con nosotros en esta tarea.
Por su parte, Pedro Ábrego, miembro de CEDETEN, una organización no gubernamental, indicó que existe un silencio de parte de los funcionarios del gobierno, como de la Autoridad Marítima de Panamá, del Ministerio de Salud, de la Gobernadora y otros que tienen que ver con el caso". "No se quieren pronunciar, porque existe un manipuleo de los informes reales y no es justo que se siga jugando con la salud y la vida de los más humildes de esta provincia".
Por su parte, en respuesta a las aseveraciones de los dirigentes, la gobernadora de la provincia, Esther Mena de Chiu, indicó que este es un asunto que ha trascendido al Órgano Judicial. "Escapa de nuestras manos, porque sus dirigentes así lo han decidido, y no podemos emitir ningún criterio; y en cuanto a lo que forma parte de nuestra competencia, se está realizando un trabajo de manera imparcial y no tenemos por qué estar ocultando nada".