Chiriquí. Miembros de la comunidad de Cerro Balsa y Cerro Sobrino en el distrito de Muná, Comarca Ngöbe Buglé, denunciaron ante la Fiscalía, Reforma Agraria, entidades gubernamentales y alcaldes de distritos, la presencia de un morador de la comunidad de Librá, quien se dedica a estafar a sus compatriotas auto nombrándose inspector de Reforma Agraria.
El vocero de los afectados, Alberto Montezuma, explicó que el señor Roman Santos se dedica a resolver problemas de terrenos como funcionario de Reforma Agraria cobrando en nombre de la entidad de B/.100 hasta B/.200.
Sostuvo que investigaron con el director de la entidad en la provincia de Chiriquí, Samuel Morales, si el sujeto laborara en la institución, sin embargo, se confirmó que no labora en esa dependencia estatal.
Relató que el oportunista opera de forma ilegal, y decide que el terreno le corresponde al que da más dinero por las tierras en el caso de los conflictos familiares.
"Elabora resoluciones e inventa documentos sin ninguna validez jurídica, quedándose con el dinero y haciendo creer a los indígenas que ya sus tierras están tituladas", expresó.
Al menos unas 60 personas han denunciado ser víctimas de la estafa, quien han debido pagar hasta un mínimo de B/.100 que se acepta para ser dueños legales de sus propios terrenos.
222Los indígenas piden a las autoridades intervenir en esta situación, para que el estafador pague con pena de cárcel.
Sin embargo, añadieron que hasta el momento desconocen el paradero del estafador. Se tiene conocimiento que llegó a la comunidad de Hato Pilón a pedirle a un señor B/.80, y además le advirtió que iba a perder sus tierras, por lo que el anciano le pagó una suma mayor de dinero.
En tanto, una de las víctimas, Eusebio Sandoya, comentó que Santos le pidió B/.100 suma que debería pagar por sus 130 hectáreas de tierra; advirtiéndole que si en un determinado tiempo no cancelaba el dinero no tendría derecho como dueño legítimo.
Trascendió que el estafador se reunió con los miembros de la comunidad de Cerro Balsa para informarles que quien no cancelara, sus terrenos le serían quitados por Reforma Agraria.
Se teme que existan más indígenas afectados por la situación, que viven en comunidades alejadas en el centro de la cordillera, y que por desconocer los parámetros legales son fácilmente engañados.