P. Oeste. Unas 200 familias que invadieron ocho hectáreas de terrenos privados en el sector Bajo Las Palmas en Arraiján cabecera, solicitan a las autoridades municipales la suspensión de la orden de desalojo interpuesta en su contra ante la corregiduría.
Desde el pasado 28 de junio los invasores ocuparon estas tierras y algunos iniciaron la limpieza de los lotes, levantaron pequeñas chozas, ranchos de penca y bambú, y otros construyeron viviendas improvisadas de madera y zinc.
El dirigente de las familias, Manuel Ballis, informó que le solicitaron en el mes de noviembre del año pasado a los propietarios que les cedieran los terrenos que se encuentran abandonados y convertidos en criaderos de mosquitos para habilitar un campo deportivo, pero se negaron a la petición, por lo que posteriormente invadieron las tierras.
Señaló que desde 1942, cuando la parcela fue adquirida por el dueño, hasta la fecha, jamás ha sido limpiada y tienen una deuda de miles de balboas con el Estado.
Expresó que además de los herbazales hay un sendero conocido como "camino de la muerte", donde han ocurrido violaciones, robos y atracos, por lo que estas familias tomaron la determinación de apoderarse de los terrenos para satisfacer la necesidad de una vivienda digna.
Detalló que 20 de las familias invasoras provienen de los terrenos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), en el sector de la Barriada El Gringo, áreas revertidas de Arraiján, donde se instalará un tanque de reserva de agua potable como parte de las obras complementarias de Laguna Alta.
Señaló que a estas familias la corregiduría les dio plazo hasta el lunes pasado para salir del lugar, de lo contrario serían desalojadas de las tierras en las áreas revertidas, pero lograron reubicarse a tiempo en las ocho hectáreas de terreno en Bajo Las Palmas.
Reconoció que algunos de los invasores no presentan la necesidad habitacional y tienen dónde vivir, pero decidieron apoderarse de un terreno para sus parientes, hijos o cualquier otro familiar que lo necesite, y sólo están a la espera que el gobierno realice las lotificaciones requeridas.
Por su parte, la propietaria de los terrenos, Nadia Montoto, exigió a las autoridades municipales que se haga justicia con las ocho hectáreas invadidas de la finca 15511 que heredó de su abuela Belisa de Urriola, viuda de Montoto.
Señaló que a las 10:00 de la mañana de ayer la corregidora Suhey Magallón tenía que ejecutar una orden de lanzamiento interpuesta por la familia Montoto, pero supuestamente por razones desconocidas no se ha presentado a trabajar.
Indicó que le informó al alcalde Jaime Barroso que la corregidora se niega a intervenir para ejecutar la solicitud de lanzamiento, porque uno de los dirigentes invasores es familia de ella.
Agregó que sólo le adeudan al Estado B/. 10 mil, y no B/. 46 mil como lo denuncian los invasores, sin embargo, han recibido amenazas por parte de los precaristas.
Sostuvo que de no actuar las autoridades municipales lo antes posible pueden ocurrir en cualquier momento enfrentamientos que terminarán en una tragedia. Este medio intentó entrevistar al alcalde Jaime Barroso, pero se informó que se encontraba fuera de su despacho en una reunión en la ciudad.
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